index . . viejo index . . DIPSyOH . . Codigo . . LRurbana . . LRnavegable . . LRrural . . 7 Fiscalia de Estado . . 8 Dir Geodesia . . 9 Autoridad del Agua . . 10 MIVSPBA . . 11 Gobernador . . 12 notas de aprecio . . 13 balance jornadas . . 14 Merbilhaa . . 15 Glosario Dr. Cano . . 16 Regimen dominial . . 17 Proced. Cano . . 18 CA 10662 Sol de Matheu . . 19 traslado Fiscalia . . 20 respetos legales . . 21 escenario anegamientos . . 22 APC Mateo . . 23 audio Asamblea APC . . 24 calle Oliden . . 25 Cartas Doc MIVSPBA . . 26 Amparo Sol de Matheu . . 27 Apelacion . . 28 Fallo . . 29 CD AdA . . 30 CD Pilar . . 31 DIA Ayres . . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . CDoc Valdi . . 37 aclaratoria . . 38 . 39 . queja en SCJN . . 40 . 41 carta Doc Alvarez Rodr . . 42 Arts. 2340 y 2577 del C.C . . 43 Art 18 Ley 12257 . . 44 impugn Art 18 Ley 12.257 . . 45 impugn art 18 Dec 3.511 . . 46 impugn Art 18 Res 705 . . 47 nutrientes jurisprud . . 48 1 amplia declaratoria . . 49 anteced dominial . . 50 2 amplia declaratoria . . 51 . 52 . responde al AGG . . 53 Hidrologia . . 54 problemas riberenos . . 55 acaso . . 56 propuesta . . 57 admision B67491 . . 58 B67491(a) . . 59 B67491(b) . . 60 B67491 (d) . . 61 parentescos . . 62 plan maestro . . 63 nucleo urbano . . 64 . art59 . . 65 . 66 . 67 . hidrolinea . . 68 . Ley particular . . 69 Politica del agua . . 70 . observaciones . .

Apelación causa 10662

Cámara 10808

versión pdf

 

APELA - FUNDA RECURSO

Sr. Juez:

Francisco Javier de Amorrortu, por mi propio derecho, con domicilio legal en calle 48 Nº 877 PB OF 7de La Plata, conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. Mario Augusto Capparelli, abogado inscripto a T IV f 108 (C.A.S.I.) Legajo N° 13.605, en autos caratulados “DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS” n° 10662” a V.E. digo:

 

I - INTERPONE RECURSO DE APELACION

En tiempo y forma legales interpongo recurso de apelación contra la sentencia recaída con fecha 5 de Mayo del 2010, la que me fuera notificada por correo electrónico el día 7 de mayo del 2010, por causarme gravamen irreparable, solicitando se sirva V.E. revocarla por contrario imperio en mérito a las fundamentaciones de hecho y derecho que paso a exponer

 

II- FUNDA RECURSO - EXPRESA AGRAVIOS

El fallo que se impugna establece textualmente en su parte resolutiva:

1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. “i”, 36 inc. 2°, ap. “c” y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).

 

Aprecios de apelación

1) Los hechos, el derecho y la clausula ambiental constitucional.

Respuesta al argumento del art 87 dela ley 7647/70, f 2

2) Caída del preacuerdo e impugnación formal de la Res 354 de la ADA, f 6

3) ineludible consideración de la nulidad expresamente solicitada, f 8

4) Al fondo de la cuestión que apunta la Jueza Logar, f 9

5)Derecho o interés del actor, f 12

6) Antecedentes de los aprecios de la Jueza Logar: a) f 14; b) f 18; c) f 25

7) Pormenores alrededor del barrio proyectado, f 26

8) Puente de cruce sobre los arroyos, f 32

9) Despertar a hidrología URBANA, f 35

10) Conclusión que rescato de estos agravios, f 44

11) Antecedentes espirituales deestas actitudes ciudadanas, f 45

12) Planteo de caso Federal. f 47

13 )Planteo de convencionalidad f 47

Síntesis f 48 y Petitorio f 49

 

1) liminarmente, debemos recordar que ya el pretor romano expresaba a los litigantes: DA MII FACTUM DABO TIBI IURIS.

Si esta causa hubiera sido resuelta por ese pretor, el resultado bien distinto resultaría.

No sólo le hemos proporcionado a la Jueza Logar los hechos, sino que abrimos una causa 9961 anterior a esta para pedir documentación de estos entuertos. Nos fue negada por “confidencial”. Ignora la Jueza Logar que no hay tal confidencialidad en temas ambientales. En el interín nos enteramos del mamarracho del preacuerdo y abrimos otra causa por ello: la 10662. Aquí los dislates excedían con creces los temas hidrológicos de mi especialidad y justificaban otros enfoques legales mientras seguíamos esperando nos dieran vistas al primer contencioso. Un año había pasado cuando nos alcanzó la sentencia del primero y por no advertir que la jueza Logar le había impreso carácter sumarísimo, tras 48 hs hábiles perdimos la oportunidad de apelación. Miles de kilómetros de viajes a La Plata. Más de un centenar de folios obran en la causa, tan sólo para pedir vistas a unos expedientes. Y la paradoja de esta decisión vino en la causa 100662, cuyo puntapié inicial lo dio la propia Jueza Logar pidiendo ella misma los mismos expedientes que en la causa anterior nos habían sido negados por “confidenciales”. Decisión de su propia conciencia, tal vez advirtiendo por tan reiterados reclamos, la profundidad del daño ambiental que los mismos implicaban.

En aquella sentencia la Jueza Logar calcó las respuestas de la Fiscalía. En esta causa vuelve a hacer lo mismo. Debo confesar que no comprendo como lograría un magistrado ocuparse de tantos miles de temas y en adición tener que cargar con una causa tan llena de especificidades técnicas y legales como esta. Los silencios que desde 1999 regaló la Fiscalía de Estado al exp 5100-15490 me hablan de la misma dificultad. Pero no tengo alternativa otra que comprender, pero seguir reclamando. Y queda bien claro que no estoy bregando por un bien particular, sino colectivo; que incluye a la propia Jueza Logar y a los nietos del Fiscal de Estado. Y lo vengo haciendo desde hace 13 años sin esperar nada personal a cambio.

La provisoriedad alegada de ciertos trámites, no alcanza para tapar la magnitud del descalabro ambiental cuyo escenario esta causa ha planteado con todo tipo de la más inusual y específica información;legal y técnica.

Si una simple alma ciudadana siente el deber de prevenir estos entuertos, también advierte que merece ser recordada la cláusula ambiental que pone en cabeza de TODA AUTORIDAD el deber de recomponer el ambiente dañado.

Los hechos denunciados así lo exponían. Silencio y mirada sesgada del Juzgador ha sido toda respuesta.No se ha cumplido con la manda constitucional. Grave falta para ser apreciada por el Tribunal de Control de Judicialidad.

 

Recordar

Recordar que el artículo 87 del decreto-ley 7647/70 establece que no son recurribles las medidas preparatorias de decisiones administrativas, informes, dictámenes y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes para el órgano administrativo, resultaría válido para el acta de preacuerdo a).-de no mediar los elementales principios de prevención y precaución ambientales;

b).- de no mediar la Res 354 de la AdA con constitución administrativa final y definitiva, que en esta misma causa fuera solicitada su oportuna impugnación. Ver f 76, f 102, f 124vta; y a f 76vta, el primer párrafo aparece marcado por el juzgado allí donde dice: “oportunamente solicitose tenga por formalmente impugnado y se declare la nulidad de la Resolución 354/06 de la A.d.A.”.

c).- De no mediar todo el trabajo recorrido en estos 5 años y la gran cantidad de documentación solicitada por propia iniciativa de la Jueza Logar a la AdA para dar comienzo a la causa; la misma documentación que previamente en la causa paralela 9961 en este mismo juzgado había sido declarada “confidencial” y por ello no me dieron acceso a vistas. Esfuerzo que prueba en sí mismo que había motivos sobrados para considerar el art 86 y olvidar el 87.

d).- por la propia confesión de la Jueza Logar al final del 5º párrafo del punto III de su sentencia donde expresa: "por lo que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión”; revela que todos estos esfuerzos estaban repletos de razones fácticas tan definitivas como erradas;

e).- tales como los reiterados errados proyectos de los puentes “aprobados”;

f).- la confesión de los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límitres y Restricciones de la AdA señalando un día 4/10/04, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, que “no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 franja a ceder en los valles de inundación)”.Esta es la línea que la AdA aún tiene que pendiente de demarcación. La que marcaron no sirve para NADA.

g).- Tampoco habían cumplimentado los retiros inexcusables mínimos de 100 m que exige el dec 11368/61 reglamentario de la ley 6253 en sus arts 2º y 5º.

h).- Tampoco había determinado el municipio la cota de arranque de obra permanente que le exige esta misma reglamentación en su art 4º.

i).- Tampoco habían sido inscriptas en los Planes Reguladores Municipales las “excepciones” que con carácter de “necesidad imprescindible” les exige el art 3º y que habrían permitido los trabajos de “saneamiento” con rellenos.

Todos estos dislates técnicos y legales cuya concreta entidad nadie ha puesto en duda nunca, son los que transforman el fondo de la cuestión en un concreto lodazal inocultable de faltas que conocieron todo tipo de comunicación y relación constitutiva de extrema y comprobada gravedad. Y tan lodazal, que por lo visto nadie quiere transitar.

Todo este listado denunciado está dicho y reiterado en la causa tantas veces como nadie puede imaginar. Y hacer un mapa de estas reiteraciones merecería alcanzar estos escritos en formato digital, para que cualquier estudioso que se entregue a ella utilice del programa Word el recurso “buscar”. Y todos ellos, menos el acta de preacuerdo poniendo al rojo vivo los principios de precaución y prevención, refieren de actos resolutorios tan finales como errados.

Por ello este lodazal no sólo justifica la existencia de esta causa, sino la de otras tantas en extremo vecinas; idénticas en sus contextos locativos e hidrológicos, que se ventilan en este mismo juzgado, en el JCANº1 de San Isidro y en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, de las que más adelante referiremos;

aportando siempre la más específica apoyatura técnico jurídica, valorando la razón normativa, la razón de justicia perseguida en múltiples y reiteradas razones de existencias malparidas; y reitero: siempre apuntando a disposiciones administrativas tan pretenciosamente definitivas como erradas.

 

2) Tan de acuerdo estamos con la Jueza Logar de que el preacuerdo no conformó nunca el fondo de la cuestión, que el propio preacuerdo que motivó el primer aspecto denunciado en esta demanda, sin necesidad de resolución judicial alguna, perdió con los años vigencia por muchas de sus propias torpezas que fueron por el actor largamente comunicadas a todos los vecinos y a las propias autoridades municipales y provinciales; que así desestimaron seguir con los canjes de terrenos entre vecinos que incluían por parte del Estado la cesión de una calle pública con tradición de servidumbre de más de 200 años; que en adición conformaba el obligado camino perimetral entre dos clubes de campo y aparecía cedida e inscripta en los planos aprobados y archivados en la Dirección de Geodesia provincial.

 

Todos estos dislates fueron apuntados a los más encumbrados funcionarios mediante cartas documentos alertadoras de los disparates que se proponían habilitar. Así es que este preacuerdo entre vecinos y el Estado, cayó por el peso de sus propias torpezas, dándose entonces los empresarios del proyecto a urdir otros senderos para cruzar sus sueños. Estos sueños, sin embargo, reclamaban de las mismas herramientas de gestión que anticipaba el acuerdo, muchas de las cuales ya habían alcanzado en la administración su condición resolutoria definitiva. Por ello hube oportunamente de ampliar mis declaratorias demandando la impugnación de la Res 354 de la ADA, tras alcanzar constitución como acto administrativo definitivo dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final. Aquí pesaban precisamente aquellos argumentos que la propia Jueza Logar advierte en los puntos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de su fallo, sosteniendo carácter técnico y legal en materia hidrológica.

 

Materias de alta especificidad que hube siempre de incorporar para sustanciar en forma inusual estas demandas; habiendo llegado a costear y controlar el desarrollo del estudio hidrológico más importante que se haya hecho en esta Provincia, con alta escala de resolución y testimonios vecinales que contribuyeron a poner en caja las variables de la modelación matemática, dedicado precisamente a estas dos cuencas y a la estrecha porción que cabe a estos barrios en cuestión que ya movieron por 13 años mis esfuerzos.

 

3) Así fue que en oportunidad que siguió al rechazode la excepción opuesta por Fiscalía (a partir de fs.120) hube de HACER SABER e IMPUGNÉ LAS DEMARCACIONES APROBADAS por la RESOLUCIÓN 354 de la A.d.A., (ver fs 76, 76 vta, 90, 102 y 124) cuya misma solicitud,argumentos legales y técnicos hidrológicos, han sido en este fallo, al mismo tiempo que reconocidos en los párrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º mencionados en el punto 1º del Resulta introductorio, simultáneamente despreciados por la Jueza Logar en su fallo; siendo que ellos dan la pista para sustanciar el fondo de la cuestión.

Pista que la propia Jueza Logar acredita cuando para dar arranque a la causa 10662 solicita estas informaciones a la AdA, sin advertir o sin preocuparle que previamente me había desestimado esa misma solicitud de vistas que como actor había formalizado en la causa 9961/05 en su propio juzgado. Hermosa paradoja que pone de manifiesto un tardío reconocimiento de cómo se llega al fondo de la cuestión.

La ineludible consideración de la nulidad expresamente solicitada de esa Res 354/06 a fs 76, 76 vta 90, 102 y 124 obligaba a estudiar esas extensas y sustanciosas objeciones técnicas y legales planteadas; sin embargo, el fondo de la cuestión pasó de largo en su fallo de la causa 9961/05 para colgarlo de un tornillo que le pareció apropiado: la confidencialidad.

El fondo de estas cuestiones ya había sido en la causa 9961 en este mismo Juzgado, reitero, largamente expresada; y lo fue aún más en oportunidad de intentar hacer apelación. Y por referir de estas mismas precisas materias, de estas mismas áreas y de estos mismos proyectos, vale poner de manifiesto la reiterada superficialidad de ambos fallos. De ello hago memoria en el punto 5º.

 

4) La declaración de la propia Jueza Logar de que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión, habilita reconocimiento de que el fondo de la cuestión era lo que importaba, y este sigue sumergido en las faltas técnicas y legales de carácter hidrológico urbano que no he cesado en ambas causas de ilustrar y reiterar con inusual especificidad.

El fondo de la cuestión no es entonces el acta de preacuerdo, sino todo lo que alrededor de ella se ventila en esta causa; con parentescos primarios directos con la causa 822/04, Manfein S.A. contra la Dirección de Hidráulica en este mismo juzgado CA Nº2 de La Plata y con parentescos primarios directos con su contrapartida causa 03/04, Dirección de Hidráulica contra Manfein S.A en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de San Isidro a cargo del Dr Servín, con fallo que ordenó demoler los terraplenes que aquí mismo en este proyecto deinmediatos vecinos se proponen reproducir; y con parentescos primarios directos con la que se ventila desde el año 2003 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial causa B 67491, Barrio Los Sauces c/ la Dirección de Hidráulica. Todas estas causas tienen el mismo fondo de la cuestión que menciona la Jueza Logar; alrededor del cual la Fiscalía de Estado viene probando desde hace 11 años en el exp 5100-15940/99 de mi autoría, su irresponsable laxitud de criterios sobre estos mismos temas; y no precisamente con la excusa del art 87.

Recuerdo que el barrio Los Sauces es inmediato vecino de La Lomada, Ayres del Pilar y Sol de Matheu (ahora Ayres Norte). Estos últimos en cota aún más baja que el primero y donde afloran los arcillas hidromórficas verdosas cuya impermeabilidad frena las agresiones a los acuíferos Pampeano y Puelches, al tiempo que demora las absorciones de los escurrimientos superficiales. Fondos de cañada que sólo sirven para ser rescatados por el art 59 de la ley 8912 (ordenada1987), buscando su destino como espacios verdes comunitarios, tras espantar a los mesías mercaderes que luego de hacer sus mejores negocios con los peores suelos cargan las benditas espaldas del Padre Estado con todas las groserías hidrológicas que nunca aprecian mirar. Buenos Aires está lleno de estos tonterías que el tiempo parece haber excusado de mirada crítica a planificación, sin encontrar solución; y que bien útiles resultan para impulsar rumbos mucho más sinceros en el ordenamiento territorial.

Este barrio Los Sauces de tan sólo 18,5 hectáreas, es el único que se me escapó de la defensa que vengo haciendo en todos los frentes imaginables, del doble valle mesopotámico a lo largo de 13,5 años. Estos trabajos están publicados en el sitio http://www.valledesantiago.com.arSin embargo, el haberse escapadode mis muy tempranas advertencias no les ha traído ningún favor. Vivir en un fondo de cañada que ha conocido 2,75 mts de anegamiento no favorece ningún sueño. Y la causa B67491 está aquí para ilustrar esas debilidades que nunca encontrarán remedio. Al igual que mi alma 13 años luchando para defender paleocauces que sean útiles a preservar franjas de transición y expansión de la Vida urbana sin destino habitacional.

Situaciones de zozobra que todos los vecinos del Maldonado, del Vega y de tantos otros paleocauces reconocen en la ciudad deBuenos Aires y ahora, tras mentir y ocultar aseguran que prendiendo velas a una Walkiriatunelera que le recorta decuplicados cientos de millones al Fisco, conseguirán proteger las brutas inversiones inmobiliarias del duo Caputto-Macri en la J.B.Justo. Sólo conseguirán sumar infernales inversiones, tan inútiles como todo lo que muere en negociados. Ver http://www.arroyomaldonado.com.ary muy recientes conferencias en el Centro Argentino de Ingenieros sobre inundaciones en la ciudad de Buenos Aires organizadas por la Fundación Ciudad, cuyos balances vienen regalados en http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.htmldescubriendo usos y costumbres entretejidas de tres sucesivos Jefes de Gobierno porteño ocultando durante 6 años la publicación de la preciosa información hidrológica realizada por un grupo de consultoras lideradas por la británica Hallcrow, mostrando los mapas de riesgo de inundación de cada una de las manzanas de la ciudad. A este punto de encuentro común de las avestruces pampeanas apuntan los Planes Hidráulicos, que con estos soportes éticos no alcanzan destino.

Si no sinceramos estas cuestiones, la expresión de la Jueza Logar apuntando “al fondo de la cuestión”, no nos conducirá a ningún lado. Ni siquiera sabremos o intuiremos, a qué lado apuntar.

Los fondos de la cuestión están en los fondos de cañada y en las cegueras de nuestros promocionados mercaderes haciendo siempre sus mejores negocios con los peores suelos. Ver http://www.pilarsinplan.com.ar

http://www.escobarsinplan.com.ar

http://www.tigresinplan.com.ar

http://www.lineaderibera.com.ar

http://www.humedal.com.ar

http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 4 html siguientes.

Entender “que la vía judicial es prematura, dado que todavía no se culminó con el procedimiento que resuelva el conflicto que se ventila en el expediente 2435-3970/04 y en consecuencia, la pretensión no se dirige contra un acto definitivo ni asimilable a tal, a la vez que el expediente se encuentra en pleno trámite y cualquier vulneración a los derechos que alegue el actor resulta meramente conjetural” es sólo conducente a los escenarios arriba planteados y bien negatorio de los principios de prevención y precaución tan elementales en derecho ambiental.

Había docenas de tareas administrativas con resoluciones finales mal resueltas y bien denunciadas, tanto en esta causa como en no menos de 30 expedientes administrativos provinciales y otros tantos municipales a lo largo de más de 13 años. Quien hubiera querido ir al fondo de la cuestión hubiera ganado al menos en ilustración. Y entre otras, a la formal impugnación de la Res 354 nada justifica en esta causa haberla esquivado. Por cualquiera de estas hilachas se descubría el fondo de la cuestión. Hilachas exhibidas ante el Fiscal de Estado hace 11 años a las que nunca prestó la más mínima atención.

Ver http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20Apendice%207.pdf

 

5) Los aprecios de la demandada en cuanto a que “el demandante no manifiesta la afectación en concreto de ningún derecho o interés a su parte a consecuencia del acta de acuerdo preliminar que impugna” amén de a todas luces superlativamente ridículos, adolecen de falta primaria de reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano y del propio Estado que se desprenden de los Art 2º, 3º, 6º, 7º y 8º de la ley 11723, entre otros; que muy bien la demandada y la Jueza Logar deberían sincerar para no ningunear perseverantes y desinteresados esfuerzos ciudadanos por los años que vengo bregando en todas las áreas administrativas imaginables, incluida la Fiscalía.

La impugnación formal que hube de hacer de esa Res 354 de la ADA en esta causa 10662,apuntando a aspectos técnicos y legales muy concretos de estas invasiones del doble valle de inundación, en áreas aún más bajas que las de su inmediato vecino barrio Los Sauces,venía nutrida de la experiencia acumulada en los descalabros que se siguen ventilando en la causa B 67491/03 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial, a pesar de haberlos prevenido personalmente 1 año antes de de ponerse el primer ladrillo y 7 años antes de que se abriera la causa, en la cual las Excelencias Ministeriales acordaron formal aprecio a mi participación. Ver Reg.Nº 574/08de la SCBA por http://valledesantiago.com.ar/linea22.html

http://valledesantiago.com.ar/linea22b.html

http://valledesantiago.com.ar/linea22c.html

Ver asimismo críticos desarrollos técnicos de códigos yleyes que apuntan especificidades de hidrología urbana en una demanda de inconstitucionalidad

http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html

http://www.delriolujan.com.ar/incorte2.html

http://www.delriolujan.com.ar/incorte3.html

http://www.delriolujan.com.ar/incorte4.html

http://www.delriolujan.com.ar/incorte5.html

Ver asimismo los antecedentes de mis denuncias penales en la UFI 9 de San Isidro, causa 64205/00 (2461) por ofensas administrativas y empresariales generadas en este doble valle de inundación Pinazo-Burgueño por http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20Apendice%209.pdf

Ver asimismo los estudios de línea de ribera urbana desarrollados en el sitio http://www.lineaderibera.com.ar/linea11a.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11b.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11d.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11l.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11m.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11n.html

http://www.lineaderibera.com.ar/linea11p.html

Ver interminables Cartas Documento, siempre anticipando a funcionarios, empresarios y escribanos las faltas que se disponían a cometer y no obstante cometían:http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago_Apendice_3_ne.pdf

De estos antecedentes se nutren los aprecios que Rudolf von Ihering destaca en La lucha por el Derecho y que la representante de la Fiscalía aprecia ningunear.

 

6) Antecedentes de los aprecios de la Jueza Logar que ya en oportunidad de apelar su fallo en la causa 9961/05 hube de expresar, aunque fuera inútil su reclamo pues tarde advertí que se había dispuesto una vía sumarísima que agotó por inoportunos mis esfuerzos.

Sin embargo adviértase qué oportunos estos recordamientos sobre estas mismas precisas materias en los puntos a, b y c que paso a recordar fueron expuestos en aquella apelación frustrada, siempre apuntando al fondo de la cuestión que imaginamos sugiere la Jueza Logar en el final del 5º párrafo del item III de su sentencia.

Tal vez la Jueza Logar haya descubierto otro fondo de la cuestión que apunte mejor a alguna otra razón fáctica o de existencia sobre estos temas; a alguna otra razón normativa o de esencia que no hayamos mentado; o a alguna otra razón de verdad o justicia que hayamos concientemente ocultado. Agradeceré a V.E. quede clara esta cuestión de fondo.

 

Recordando aquella frustrada apelación a la sentencia de la Jueza Logar en la causa 9961/05, van estos tres puntos a), b) y c) que siguen en las págs. 14, 18 y 24.

a) Este enfoque resulta equivocado, dado que en la formalización de la demanda, ya desde la primera líneaidentifico con puntual claridad lo solicitado, ésto es: "tomar vistas de los estudios hidrológicos".

Y en el punto IV aplicado a describir "Derechos", alcanzo extenso soporte a esta solicitud; que en ningún momento fue de parte de la Jueza Logar considerado insuficiente para sostener los alcances del objeto solicitado.

Por ello, cuando la Fiscalía de Estado se opone a que se den vistas "a lo puntualmente solicitado", por considerar que no eran documentos que tenían que ver con temas de medio ambiente, y a cambio propone alcanzar un inútil y raquítico informe de impacto ambiental al que califican de "científico", -exageración que así graba su ligereza de criterio-; para concluir ella trabando la litis, consideré no tenía sentido discutir aquí y ahora, si el gato equivalía a la liebre, porque lo solicitado había sido muy bien apuntado.

El objeto de la demanda presentada el 8/11/05, era para que se me confirieran vistas y se me autorizara a sacar fotocopias sin los ya señalados entorpecimientos, de las Resoluciones Hidráulicas y los proyectos hidrológicos aprobados, de un listado que seguía a esta petición; y estos nunca fueron exhibidos;

por lo cual, mal puede tornarse abstracta la cuestión, no habiendo el objeto del reclamo sido cumplido en modo alguno.

Al no hacer en su sentenciasiquiera mención de lo solicitado, ésto es: a los estudios hidrológicos; es de ella, la abstracción.

Y en adición a esa falta de atención para referirse estrictamente a lo solicitado, interpreta mi rechazo de la validez y/o utilidad de lo alcanzado por la AdA, como una actitud que alcanzaba abstracción hacia mi propia demanda!!!

El rechazo de este actuante a lo ofrecido por la A.d.A. respondía simplemente a que no correspondía a lo solicitado. Y lo solicitado era, repito, tomar vistas de los estudios hidrológicosy no de raquíticos informes de impacto ambiental. Tan raquíticos, que posteriormente los empresarios se dieron a presentar uno nuevo. Tan fácil de comprobar como simple prueba de la ligereza de esta Fiscalía y de aquella sentencia calcada a medida de intereses particulares.

De mi actitud de aceptar que la litis trabada por Fiscalía fuera a sentencia, jamás cabría deducir una alquímica fórmula "por la que alcanzo abstracción" a mi puntual solicitud de tomar vistas de los estudios hidrológicos.

La Jueza Logar está finalmente con su sentencia respaldando el criterio de la Fiscalía; ésto es: considerar “confidenciales” los estudios hidrológicos solicitados; que ella ni siquiera menciona en su sentencia.

Pero no sea el meollo de este fallo, fundado, repito, en la consideración de que mi solicitud devino abstracta; porque mi solicitud ha sido y seguirá siendo siempre la misma; ésto es: tomar vistas de los estudios hidrológicos.

A fs 88vta par II) se señala que la AdA y la Fiscalía solicitan se declare abstracta la controversia planteada, porque el Ing Oroquieta, presidente de la AdA había ya acordado se me alcanzara la información.

Lo que no decía el Ing Oroquieta, es que iban a dar gato por liebre;

-tampoco dice la jueza Logar, que este juego que se ha hecho de la palabra "abstracción" y que ella dice advertir en mi actitud, fue gestado por la Fiscalía-.

Cuando el peticionante lee esa sorpresiva aclaración de Oroquieta,

-que le había sido negada durante meses-, de inmediato se presenta en la Ada para tomar esas puntuales y muy reiteradas solicitudes de vistas de los estudios hidrológicos.

Pero he aquí que le presentan documentos que el peticionante jamás había solicitado, ni solicitaría jamás, por su inutilidad completa para guiar los criterios que justificaron esos "asentamientos humanos imposibles" en valles de inundación que conocieron tres metros de altura de aguas.

De aquí, mi solicitud inmediata posterior, a la jueza Logar, para que se ocupara su Juzgado de secuestrar la información solicitada;porque ese comportamiento de Oroquieta equivalía para el peticionante, a una burla que se le hacía en su cara y no estaba dispuesto a ponerla en oficios que a cambio recibían respuestas ridículas y claramente burlonas.

Para evitar esos manoseos había precisamente recurrido a la Justicia.

En el par III del mismo folio 88vta de sus considerandos, registra cómo la Fiscalía vuelve a exhibir cinismo en sus respuestas;

por un lado acreditando que lo pretendido por el peticionante tenía "gran trascendencia pública" por ser cuestiones vinculadas al medio ambiente (textual); y por el otro, volviendo a insistir en dar gato por liebre.

En ese mismo par III dice que el actor se agravia de la "rigurosidad científica" de los informes de impacto ambiental; cuando de hecho, el actor se agravia del cinismo de la Fiscalía; que habiéndole por expediente 5100-15940/99 solicitado los mismos recaudos y alcanzado las mismas y mucho más oportunas advertencias, (ver "Los expedientes del Valle de Santiago" Apéndice 7 , "de las responsabilidades del Fiscal de Estado"), se dió el lujo de mandar al archivo este voluminoso expediente, que finalmente deriva en la causa B67491, hoy en trámite en la Secretaría de Demandas Originarias;

Causa en la que años más tarde y ya bien tarde, el propio Presidente de la Suprema Corte Dr. Negri invita por cédula a este actuante,para que diera opinión -e impugnara, como fue el caso-, sobre el proyecto hidrológico que decían haber presentado los peritos de parte contratados por los demandantes propietarios del barrio Los Sauces que nunca finalmente logró acreditar siquiera el carácter de "proyecto", sino de simple tapón para demorar.

 

b) La otra equivocación en los considerandos de la Jueza Logar está en el punto 1° a fs 89vta, al señalar que las vistas a determinadas informaciones pudieran denegarse cuando la entidad le confiera carácter de "documento confidencial".

Parece ignorar la Jueza Logar que tales estudios jamás podrían tener ese alcance porque son el único punto de apoyo para fijar una línea de ribera.

Línea cuya incumbencia, por art 20 del dichoso código de aguas Ley 12257/98,le cabe a terceros que pueden, con carácter vinculante,impugnar esas demarcaciones de líneas de ribera.

Demarcaciones que nunca se hicieron y que fueron por ello 16.000 veces denunciadas a lo largo de ya casi 10 años, por este actuante, ya bien especializado en este tema puntual;

que no sólo ha desarrollado criterio, sino que conoce como pocos, las faltas administrativas y las consecuencias en daños irreparables que de ellas devienen.

Si un tercero tiene derecho y con carácter vinculante, a impugnar las demarcaciones de líneas de ribera, el derecho a acceder a la información sobre ellas es insoslayable y no puede ocultarse bajo ninguna pretendida "confidencialidad", pues no tiene aquí ningún justificativo, sino por el contrario, utilidad pública y notoria.

Ninguna otra forma tendría el ejecutivo para avanzar en sus pretensiones en una disquisición sobre esas demarcaciones, que repito, nunca se hicieron, que poner sobre la mesa esos estudios hidrológicos.

Estudios que siempre responden a modelaciones matemáticas; que sosteniendo una realidad virtual intentan aproximación a los testimonios concretos y a las informaciones meteorológicas que acompañan los criterios hidrogeológicos; para así, a poco, ir armonizándose con las diferencias que pudieran surgir de los testimonios que hubieran impugnado esas demarcaciones; que repito, nunca se hicieron. Ver el Capítulo “Repaso que conduce a impugnar las demarcaciones” en los folios 78 y 92

Y vuelvo a repetir, habiendo el actuante en varias oportunidades solicitado se le notificara en la oportunidad de que esas demarcaciones fueran a ser efectivizadasin situ, y concretadas por las personas responsables del ejecutivo, y no por un agrimensor del propietario del predio; jamás se le respondió, así como jamás se demarcó. Ver Capítulo “Ha llegado el momento” a fs 93de las 7 oportunidades, incluso por carta documento, en que pedí ser parte de esas demarcaciones y nunca se me notificó.

Ver asimismo la ampliación de los fundamentos de estas impugnaciones a la demarcación aprobada por la Res 354 a fs 102 y 103 del 13/4/07.

 

Demarcaciones que ni siquiera sabrían cómohacer porque carecen de los elementales criterios legales y de todo trabajo de hidrología en la zona para así efectivizar estas demarcaciones. Ni serio, ni ligero. Nada en absoluto.

Estas confesiones de que no han hecho ellos en los últimos 100 años estudios serios para la zona en cuestión, vino ratificada por escrito al Presidente de la AdA, Ing Oroquieta, de parte de la Ing. Ana Strelzik, a cargo precisamente del área de hidrología de la AdA., a quien en 9 años de descalabros denunciados hasta el hartazgo nunca se consultó.

Esto es lo “confidencial” y el motivo por el cual dan gato por liebre.

Pero más importante aun que estos estudios criteriosamente realizados, es advertir que estos funcionarios previamente se hayan instruído en materias legales; en las que al parecer no les resulta ni simple, ni estimable profundizar.

Por ello repito: ni las demarcaciones que correspondían hacer se hicieron, ni notificaron jamás al actuante, ni entienden de hidrología urbana y mucho menos tienen en claro los cuerpos legales que se ajustan bien precisamente a ello; ésto es: a hidrología urbana

Ni han reglamentado su mamotrético código de aguas después de 8 años;

ni han comprendido las diferencias elementales que caben a hidrología urbana respecto de la hidrología rural;

ni sospechan las gravísimas irresponsabilidades en las que, por esta falta de discernimiento, incurren;

ni han dejado de avanzar en sus imposibles e irresponsables arbitrios.

Lo que a cambio de estas laxitudes en los cebados desempeños de estos funcionarios un día les sucedió, es que habiendo este actuante presionado hasta lo inconcebible a estos ejecutivos, quiso el destino que el decano de los ingenieros hidráulicos de la provincia, el Ing. Valdés, trabajando en la consultora hidráulica adscripta a la propia Fiscalía de Estado, luego de ver mis informes y las escandalosas fotografías que mostraban todos esos predios bajo el agua -fotografías que fueron robadas en dos oportunidades, una de ellas desde la propia consultora-; repito, luego de ver estas imágenes, el Ing Valdés movió a sus pares a que confesaran un bruto error en el cálculo hidrológico del primero de los barrios denunciados, de no menos de 8 veces; considerando incluso, que esta estimación era muy generosa porque aplicaba a ella un coeficiente de escurrentía de 0,3; de por sí extremadamente bajo. De hecho aquí cualquier hidrólogo consideraría un coeficiente de no menos de 0,7.

Este error trascendió a tal punto, que toda la tramitación del barrio Los Sauces, el primero de los barrios denunciados, terminó colgada diez años; hoy en un interminable juicio que desde hace tres años está en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte.

Y parte de la trascendencia de ese error fue la confesión misma que aparece acreditada en el expediente 2200-9666/99, y que hoy obra en la causa 10662 en el mismo Juzgado N°2 atendido por la misma jueza Logar y por su misma asistente Dra. Beatriz Susana Revello, en donde aparece bien clarito todo el estudio hidrológico -el de ese barrio Los Sauces, denunciado hasta el hartazgo;

La Jueza Logar pretende ahora que los mismos comparables estudios hidrológicos de sus inmediatos vecinos sean: "documentos confidenciales"; cuando ha admitido en su Juzgado estudios similares, incurriendo así en autocontradicción.

Estudios hidrológicos que el propio actuante se ocupó de multiplicar en decenas de expedientes para mostrar esos errores y comportamientos que son de nunca acabar. Documentos que por supuesto, la Corte conoció exclusivamente por mis perseverantes esfuerzosa través del exp. 2400-1904/96 hoy en la Corte, y no por los de otros.

Recapacitemos. Si en su momento fue el propio ministro de Obras Públicas el que respondió a las solicitudes que este entonces denunciante había hecho a través de doce expedientes a pares de este ministro; entre ellos, éste 2200-9666/99 dirigido al ministro de Gobierno Díaz Bancalari;

y la respuesta vino, no sólo confesando el bruto error, sino aportando el mismísimo estudio hidrológico donde se encontraba alojado ese error que trascendió como tal en las resoluciones hidráulicas que le siguieron y de las cuales, aun hoy, nadie se ocupa de resaltar ese error y las corresponsabilidades que conlleva para el Gobernador, el ministro de Obras Públicas, el Fiscal de Estado, el Director de Hidráulica, los promotores inmobiliarios y sus escribanos a cargo; a los cuales, por carta documento anticipada les hacía saber de errores y faltas para que no avanzaran ni en obras, ni ventas, ni escrituración.

¿¡Cómo cabría entonces hoy imaginar que esa actitud espontánea e inevitable de parte del ministro de Obras Públicas, fuera hoy, repito, después de diez años de perseguir a los mismos funcionarios,las mismas faltas y a los promotores de los mismos barrios, fueran hoy, vuelvo a repetir, esos accesos a tomar vistas de los estudios hidrológicos de los vecinos inmediatos de Los Sauces, negables?!!!

¿Dónde aparece sostenido el razonable criterio en esta negación que regala la sentencia de la jueza Logar?

¿Y en qué consideración de los esfuerzos de unos y otros para amasar prudentes criterios?

¿Y en qué consideración de la sinceridad, los intereses, las responsabilidades y las irreparabilidades en juego?

Conociendo a las personas de derecho público que atienden estas cuestiones y habiendo denunciado sus mentiras, errores y falsedades, así como los comportamientos de la Fiscalía de Estado respecto de estos temas de determinación de líneas de ribera que a ella compete fiscalizar, pues termina compartiendo responsabilidad con su firma en las resoluciones hidráulicas, ya habiendo cometido todas las mismas interminables faltas, jamás esperaría de ellos sinceridad alguna que no fuera motivada por un dolor interior personalísimo, en cada uno de ellos.

Dolor interior que en cambio, sí alcanzó al entonces Director Técnico Provincial Ing Pedro Agavios,que a poco de advertir su error y su firma en él y tras una crisis con el director provincial H.P.Amicarelli, renunció después de décadas de carrera.

No hubo en cambio, renuncia de parte de este último; a quien le tocó en suerte seguir mintiendo algo más de un año entero en esta tramitación del barrio Los Sauces –ver exp 2406-3807/96-, aun después del reconocimiento bien expresado por Agavios, de este bruto error.

Error que les había sido anticipado no fueran a cometer, expresamente indicado y bien fotografiado en esa pequeñita parcela de tan sólo 18,5 hectáreas para que no cometieran, repito, -sin ahorrarme los apelativos de "necios de toda necedad" con que caratulé mi denuncia al Ministro de Obras Públicas Toledo un 14 de Noviembre de 1996 en el expediente 2400-1904/96, hoy en la Corte;

43 días antes de que la plana mayor de Hidráulica firmara la aprobación del torpe proyecto del Ing Días para el barrio Los Sauces que luego aparece defenestrado por los esfuerzos incomparablemente perseverantes, desinteresados y exclusivos de este actuante.

Así, estimar que los predios linderos tienen los mismos vicios de criterio, es algo demasiado elemental que no se logrará ocultar con esta sentencia acreditando "confidencialidad"a esos mamarrachos administrativos.

Por ello he bregado diez años; y por ello me cabe acreditar haber trabajado como un burro.

Y por ello cabe advertir, de cuántas formas lo sigo haciendo en mis extensísimas páginas www.valledesantiago.com.ar

www.delriolujan.com.ar

www.lineaderiberaurbana.com.ar

www.alestuariodelplata.com.ar entre otras, refiriendo todas las extensiones imaginables que caben a este tema puntual de las líneas de ribera, sus demarcaciones y respetos en áreas comprometidas a creación o ampliación de núcleos urbanos.

Jamás he lucrado con ello, ni lo haría jamás; por la vergüenza que a mi alma implicaría verme cobrándole a mi Padre Común, el Estado, los gastos de un esfuerzo que aunque enorme, bien siento es nada al lado del esfuerzo silencioso y generosísimo que El ha hecho, para permitirme crecer y vivir, libre y responsable, en sociedad.

c) Respecto del punto 2° de la sentencia de la causa 9961 -lo que sigue a línea 8ava del folio 90, es imposible siquiera imaginar: que el actuante después de trabajar diez años en esta puntual cuestión de las demarcaciones de líneas de ribera, fuera a ceder criterio y responsabilidad por una sentencia que dice estimar: "ha cedido el actuante en su interés" ¡¿!?¡

Tan poco comprobable es ese aserto de la Jueza Logar, como ignorante de todos los esfuerzos adicionales que sigo haciendo, repito, para que atiendan estos debidos y elementales respetos a las líneas de ribera.

Y si hubiera en toda la Provincia y en su larga historia, una persona que hubiera hecho, por algo tan elemental y puntual, un esfuerzo comparable al de este actuante, le ruego me lo informen.

Jamás acreditarán hubiera cedido en mis empeños. Y aun muerto, con algún pequeño capital de gracias amasado en éstos, pueden estar tranquilos, lo seguiré haciendo. Palabra de VASCO.

 

 

Finalmente, de la apelación infructuosa de aquella causa 9961 (fue interpuesta fuera de plazo y no de razón -el 5º día y no el 2º), me cabe referir en esta y a esta causa 10662 que siguió sus pasos en este mismo juzgado N°2, para alcanzar a probar con mucha sencillez, la ligereza de criterios que apuraron a la Jueza Logar para dictar su fallo en esta última.

Quiero aclarar, que todas las tramitaciones, obranzas y ventas de los barrios cuyos estudios hidrológicos solicitaba tomar vistas, habían finiquitado hacía varios años. Por lo tanto, la utilidad de mis intenciones en la causa 9961, apuntaban entonces a corregir futuros comportamientos; tal el caso de Sol de Matheu para el que todavía, después de 10 años, no han puesto ni un sólo ladrillo del puente de ingreso. El valle de Santiago sigue defendido y nadie después de los desafortunados del barrio Los Sauces ha repetido la torpeza de instalarse en este valle mesopotámico.

 

7) En esta causa 10662 mi solicitud estaba afectando el desarrollo de un proyecto y sus factibilidades; o aun más: a un proyecto en parte ya aprobado, pero aun no concretado, pues faltaba enhebrar una serie de acuerdos privados y públicos que amén de llevarse por delante unas cuantas materias legales y técnicas, todas de carácter hidrológico, sumaba faltas en canjes de áreas privadas que recibirían de premio por parte del Estado, la trasferencia de dominio público a privado de una calle con tradición de servidumbre pública de más de 200 años; que en adición de ser límite interdistrital, aparecía como obligada calle perimetral de dos clubes de campo y así figuraba inscripta en los planos de Geodesia Provincial.

A estos dislates propuestos se sumó otro reclamo judicial por vecinos de Ayres del Pilar. Ver por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11i.htmly apelación por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11j.html Vecinos que no veían con buenos ojos un camino de comunicación a otro barrio cerrado que les pasaría por frente de sus narices en áreas que ni siquiera eran propias de la entidad de gestión comunitaria de Ayres del Pilar, sino del emprendedor que las tenía propuestas para vender e instalar viviendas. La contaminación visual de una vivienda de lujo no aparece comparable a un camino por el que transitarían unos cuantos miles de vehículos diarios a un barrio cerrado de aprox 800 viviendas, cuyas tierras estaban localizadas en un municipio que tampoco era el de ellos y al que por ceguera de unos cuantos socios que recibirían de premio unas canchitas de futbol, hoy ven amenazados sus sueños de vivir en Naturaleza y lejos del ruido.

Para bendecir estos privados acuerdos se le ocurrió al letrado Mateo Corvo Dolcet dar intervención al Estado Provincial que así participó en esa desopilante acta de preacuerdo. Recuerdo que este letrado solicitó durante 18 meses mi asesoramiento para que ese camino de enlace entre barrios diferentes no pasara enfrente de su casa. Cuando logró evitar este despropósito no tuvo ningún empacho en ponerse a negociar con los emprendedores para proponerles creatividad desde su particular integridad. Las relaciones que acuso entre Corvo y este actor que suscribe aparecen documentadas en http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/Querido%20Mateo%20qs.pdf

Tan concretas fueron estas muestras de solidaridad hacia este pobre vecino que habría de sufrir las consecuencias del trazado de la bendita calle de acceso al otro barrio, que el expediente de la AdA 3970 que aparece una y otra vez mentado en esta causa, es el hermano menor del exp 3969 que fueran ambos presentados el mismo día por este actor, para ayudar al vecino que un día se dio vuelta y se transformó en gestor del más loco descalabro al que hube de responder con la demanda 10662 aquí en cuestión. Por supuesto que estos detalles no son el fondo de la cuestión; pero cómo nos ahorraríamos estos comentarios sin con este impulso logramos por selección, enfocar el fondo de la cuestión.

A f 132 el Presidente de la AdA Raúl López solicita a la Jueza Logar la devolución de una muy larga lista de expedientes. Pero váya la casualidad que allí no quiere mencionar el 2436-3969/04 de mi autoría. Hermano mellizo del 3979/04 de Mateo Corvo y bien cargado de noticias venenosas paea su paladar, entre ellas el reconocimiento de que nuestro Estudio hidrológico de las cuencas Pinazo-Burgueño no contenía ninguna clase de exageraciones.

Como se advertirá, esta causa está rodeada de pintoresquismos vernáculos. Y todo este esfuerzo, para probar que nunca apreciamos ir al fondo de la cuestión; porque los comportamientos humanos que encontramos por todos lados nos sugieren bendiciones en tanto nos mostremos laxos y acomodados.

Una de estas materias que en el punto 8 veremos, eran los dos puentes que habían sido aprobados en el 2000; y que por mis esfuerzos en la administración en el 2004 sus aprobaciones cayeron, sin necesidad de solicitar intervención a la Justicia. Poner “puentes” en el buscador del Word y se verá cuántas veces aparece este tema. Alcanzo para ello la versión digital de esta apelación, por el sitio http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11q.html

Tan escaldado estaba entonces el Ing Oroquieta, presidente de la A.d.A. con mis advertencias puntuales por carta documento, advirtiéndole cada uno de los errores que se disponía a cometer, que no firmaba uno de estos entuertos a menos que tuviera el aval del Padre Eterno.

Por tantas advertencias desparramadas a los 4 vientos este proyecto del barrio Sol de Matheu permaneció en estado catatónico una década entera.

Y es aqui donde la jueza Logar tomó una iniciativa muy original que contradice su reciente fallo. La primera disposición de la Jueza Logar en la causa 10662 no fue analizar el acta de preacuerdo, sino solicitar al Ministro de Infraestructura Dr. Sícaro le enviaran a su Juzgado los estudios hidrológicos y las resoluciones hidráulicas aplicables a este proyecto, advirtiendo que, si bien mi solicitud de estos documentos habían venido a través de la causa 9961 que ella facilitó que se cayera fallando que eran confidenciales, ella -la jueza Logar- consideró oportuno solicitarlos a través de esta otra causa 10662.

Iniciativa, repito, exclusiva de la Jueza Logar que advirtió con oportuna claridad, que no había otra forma para evaluar la viabilidad ambiental de asentar las viviendas permanentes de ensoñados humanos en un lugar, incluso peor que el de Los Sauces, cuya desventurada causa aún nadie sabe cómo atender.

Y si no pareciera ésto cierto, pregunten al Dr Juan José Martiarena, de la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, cuántos esfuerzos tienen entre manos y dando vueltas en sus cabezas, para conciliar los estudios hidrológicos que fueron propuestos por los demandantes se realizaran para asistir la causa B67491, y que finalmente terminaron siendo costeados y presentados por este mismo actuante que hoy suscribe esta apelación; como única variable para zanjar la cuestión.

Ese estudio hidrológico es incomparable en pulimentos de información, testimonios y modelación matemática aplicada a ellos, con respecto a cualquier otro que alguna vez hubiera pudiera haber sido elaborado;

y que tal vez ahora, por vergüenza no quieren mostrar -no porque fueran confidenciales- sino por saber de antemano que están escrachados por sus propios inconfesables abusos y peores costumbres, asumiendo arbitrios imposibles que conformaron irresponsabilidades interminables e irreparables.

Por ello, repito, si la Jueza Logar con original y oportunísimo criterio dió el paso de mezclar en su conciencia, causas y solicitudes perfectamente emparentadas, ¿cómo haría para sostener la coherencia de su sentencia en la causa 9961, solicitando en la causa 10662 que trata de un preacuerdo que no tiene constitución final –y de hecho hoy devino abstracto-, un informe para darle el puntapié inicial, que ella estimó en su fallo anterior “confidencial”?!; sabiendo el día que firmó aquella sentencia de la causa 9961, que de antemano había comprendido que tales estudios hidrológicos eran esenciales, insustituíbles, y por cierto, nada secretos.

Esas sustancias fueron siempre el fondo de la cuestión, que la Jueza Logar advierte con meridiana claridad no estaba en el acta de preacuerdo, sino en las herramientas legales y técnicas hidrológicas que le alcanzarían constitución

Sorpresa se llevará algún día la Jueza Logar cuando se entere que esos documentos son papeles dibujados que no responden a ningún estudio serio y que por ello aspiraban a la condición de secretos. Ver fs 54 a 74 aportados por este actor a la causa

Y más sorpresa pudiera V.E. ya acariciar, si entrando al sitio http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_11.htm descubriera los dos tomos de hidrología rural e hidrología urbana Apéndices 17 y 18; los dos tomos de un estudio de líneas de ribera y de evaluación de funcionarios y sus criterios a estos respectos: Apéndices 13 y 14; y los dos tomos del estudio hidrológico más completo que jamás nadie hubiera imaginado se realizaría para esta zona: Apéndices 19 y 20; compilados y editados por el actuante que así prueba sus esfuerzos, perseverancia y competencias.

Estos últimos estudios apuntados fueron elaborados para ser presentados en la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias; subidos de inmediato a la web, dando utilidad a un precioso informe ambiental de seriedad y envergadura inusuales, que por ello no merece, ni justifica secreto alguno;

y presentado que fuera en la Municipalidad de Pilar, felicitado por el entonces Secretario de Obras Públicas Ing Jorge Zalabeite, con maestrías hidráulicas en las Universidades de Delft (Holanda) y Londres;

asesor del Ministro Alietto Guadagni por años; ejecutor de todas la defensas que se hicieron hace una década en el Riachuelo y hoy gestor del destrabe del crédito de US$300 millones en el B.I.D. que ahora se disponen aplicar a las emergencias del Riachuelo.

Por lo tanto, no esperen V.E. ver maravillas o milagros en esos documentos cuyas vistas hube de solicitar se me alcanzaran y que la propia Jueza Logar, reitero, para dar arranque a la causa 10662 consideró sustanciales para analizar el fondo de la cuestión; sino confirmación de estos anticipos de desvergüenza generalizada, tanto de parte de la Dirección de Hidráulica, como de la Autoridad del Agua, como de la Fiscalía de Estado.

Y esa desvergüenza, probadas sus faltas, errores y mentiras, sean apropiada medicina para que algo empiece a cambiar en la energía de los espíritus alojados en las almas demandadas.

No busco penas ni castigos, sino cambios personales, sinceros, y por ello profundos, que aprecien las bondades de nuestro Padre Común; siempre vilipendiado, tanto por las personas de derecho público, como de derecho privado; en lobbies que aprecian, una y otra vez, construir las miserias extendidas de sus fortunas, rompiendo el esqueleto del Estado;

Y que hoy parecen en adición de abusos, ser favorecidos con sentencias como ésta, que impiden a la democracia participativa avanzar con aportes de libertad, responsabilidades compartidas, honestidad y perseverancia inusualmente probadas.

 

8) Otro de los temas que hacen al fondo de la cuestión y en el fallo pasó de largo, es el puente de cruce sobre los arroyos.

Por pertenecer al fondo de la cuestión denunciamos (ver exp 2436-3522/04) los dos puentes autorizados a Sol de Matheu; y que habiendo sido calculados para recurrencias de 10 años, cabía también hacerlo para recurrencias de 25 años, toda vez que conforma una vía de evacuación interdistrital en áreas de crecidos desarrollos urbanos; y no sin antes haber hecho acopio de información hidrológica y meteorológica; que sin duda estos funcionarios no tienen, pues esto es lo que ellos mismos han declarado en el exp 2436-3970/04 a fs 226.

Si no tienen información hidrológica para demarcar una línea de ribera; qué información tienen para formular la altura de un puente? De hecho, esa fue la sorpresa que les llevó el propio decano de los ingenieros hidráulicos de Provincia, el desaparecido Ing. Valdés adscripto por entonces a Fiscalía de Estado; cuando vió mis fotografías del puente de autopista que luego se robaron dos veces de la Dirección de Hidráulica y de la propia consultora técnica adscripta a Fiscalía de Estado.

A este puente calculado con recurrencias de 100 años y con una tolerancia adicional en más de 1 metro sobre la máxima estimada, no sólo el agua le pasó por encima en la lluvia del 31/5/85, sino que le arrancó de cuajo todo su tableestacado de hormigón.2,5 metros por encima de la máxima estimada por la Dirección de Hidráulica. ¡GENIOS! ¡Ignoran ésto, a pesar de mil veces denunciado! E insisten en que esos puentes están bien.

Precisamente lo contrario dice el Ing. Carlos Ballester, Presidente del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Buenos Aires, cuando en su propuesta en la causa CA B67491 en la SCorte señala, que el puente similar construido sobre el Pinazo para dar entrada a Los Sauces, hay que demolerlo para hacer otro más grande. Fácil es advertir que un puente de 2,76 m de luz vertical y 20 m de ancho generará embalsamientos brutales a los vecinos de aguas arriba, siendo que la banda de anegamiento en el área del puente alcanzó el 31/5/85, 2,75 de alto y 1800 mts de ancho.

El propio ingeniero informante del Depto de Planeamiento Hídrico de la DIPSyOH del MIVySP, en el 2° párrafo de su parágrafo a), refiriéndose a los puentes calculados para lluvias con recurrencia 10 años), señala: ”que para crecidas extraordinarias, es posible que las obras (como en cualquier región) sean superadas y salgan de servicio”.

No sólo salen de servicio los puentes calculados con recurrencias a 10 años, sino que el propio puente de autopista, repito, calculado con recurrencias a 100 años, fue superado en dos lugares y en 2,5 metros respecto de las máximas estimaciones de la Dirección de Hidráulica;

Y no sólo, salió de servicio, sino que voló todo su tableestacado de hormigón al demonio

Imaginemos entonces esta situación con viviendas permanentes de superlujo instaladas al lado mismo y abajo mismo! de estos puentes estimados con tan deficitarios criterios; que alegar razones presupuestarias o de deconocimiento hidrológico, para el caso de los recaudos que exigen los cuerpos legales, da lo mismo.

En el segundo párrafo de su parágrafo b), este ingeniero señala que los puentes existentes en correspondencia con los arroyos Burgueño y Pinazo fueron ejecutados originalmente por Vialidad Nacional, y que se supone que deben estar bien dimensionados para las recurrencias correspondientes (que él ya hubo estimado en 10 años).

Pero lo que no señala es que el puente de entrada a losbarrios Los Sauces y Los Pilares fue calculado por ellos y el 6/11/96 voló todo su tableestacado antes incluso de que le asentaran su viga de cruce. Y que sus fotos mostrando estos descalabros fueron robadas dos veces del exp 2400-1904/96. En la segunda oportunidad lo fueron de la oficina de la propia consultora técnica adscripta a Fiscalía de Estado.

Este mismo puente es al que el Ing. Ballester ex presidente del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Buenos Aires, citado más arriba como perito de parte en la causa B67491, les sugiere demoler.

Una causa 68965 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, Rodoni Juan Pablo y otros c/ Municipalidad de Bahía Blanca que ventila cuestiones similares referidas a un puente, acaba de recibir fallo que merece ser apreciado.

Más allá de que con estos comportamientos no se logra construir un país sano, con estos criterios de recurrencias 10 años no se hace hidrología URBANA, sino rural. Y por ello los cuerpos legales provinciales, nacionales e internacionales, hablan siempre de línea de ribera de creciente máxima (con recurrencias mínimas de 100 años)

Y por ello insistimos que el art 18 del inefable código de aguas ley 12257/98, responde a criterios de un redactor en la luna de miel con su plan maestro, pero dejando en el olvido todo criterio de hidrología urbana.

 

9) Despertar a hidrología URBANA merced al art 59. Reseña Legislativa y Jurisprudencial alrededor del Código Civil y otros cuerpos legales nacionales y provinciales que reclaman aprecios de hidrología

De la falta de respetos por parte de los municipios a sus responsabilidades hidrológicas: 1) determinación de la cota de arranque de obra permanente; 2) determinación del carácter de “necesidad imprescindible” de las excepciones; 3) propuesta de cómo se habrán de “sanear” esas excepciones; 4) inscripción de ambas decisiones en los Planes reguladores municipales respectivos PRM.

En este punto de esta larga presentación es oportuno recordar los entronques del art 59 con las leyes 6253, su decreto reglamentario 11368 y la ley 6254; su necesidad, y el sentido común  de discernir entre las responsabilidades primarias municipales y provinciales que no son a mezclar, si no es desde la visión de una saludable libre colaboración.

Más allá del equipo que en Octubre de 1977 sacó el art 59 a la luz, me considero el primer observador crítico de los respetos debidos a la hidrología urbana rescatables desde este art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987) que le da contención; habiendo desde el 7 de Noviembre de 1996 luchado por comunicar en miles de folios, su sentido y valor.

El 8 de Noviembre del año 2000 veo por primera vez recordado este breve artículo en la Disposición 984 del MOSPBA reclamándole al promotor del barrio Los Sauces (causa B67491 en la Sec de Dem Orig) probara el cumplimiento de las obligadas cesiones. Pasaron varios años hasta que el Gobernador Solá reiterara en el art 4° del Dec 37/03 esta misma solicitud.

Un año más tarde los Ings. Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y Restricciones de la AdA, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, un día 4/10/04 dicen que “no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 que refiere de la franja que corresponde ceder a los núcleos urbanos en los valles de inundación, hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de creciente máxima)”

Pasaron cinco años y corría el 2009, para ver por primera vez a un municipio hacer este reclamo. El inc c del art 3° de la Res Mun 086 del 24/4/09 les marca  a los empresarios de EIDICO los recaudos del art 59 para el caso que lograrán cambiar el destino parcelario de rural a urbano. Ver esta Res 086 en el Anexo 11, pág 121. Allí descubrirán en el art 3° las primeras 10 muestras de cómo un municipio asume corresponsabilidad formulando expresos IAC. Felicitaciones a estos dos funcionarios V.B. y G.M. de cuyas almas en libertad salieron estas respuestas.

Y como respuesta, aunque muy parcial, por primera vez en 13 años de machacar en estos temas, veo una documentación que aporta líneas de anegamiento referidas a recurrencias de 100 años.

Ver esta documentación correspondiente al Barrio San Sebastián de EIDICO en http://www.delriolujan.com.ar/sebastian10.html  y
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian11.html

Al parecer, después de tanto machacar, ahora nadie quiere dejar sin mencionar a este precioso artículo, que repito, conforma la única expresión de hidrología urbana que regala nuestra legislación provincial.

Los conflictos de este art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987) con el art 18 de la ley 1257/98 han quedado expresados en las impugnaciones al mismo que hube de presentar en las causas I 69518, 69519 y 69520 en esta  Secretaría de Demandas Originarias hace 3 años.

Ese art 18 habla de línea de ribera de creciente media ordinaria a determinar con apoyo en recurrencias de tan sólo 5 años; y así redactado para dar soporte legal a las obranzas del plan maestro, terminó conformando la tapa de su ataud. Las 2,5 millones de hectáreas de la pampa deprimida que proponía escurrir en dos meses, pasaban completas al dominio público de aplicar esa norma. Tal la desubicación en materia hidrológica cuantitativa de un funcionario que generó en su larga gestión, la actual desestructuración de la Dirección de Hidráulica Provincial y sus hijuelas, primero el Orab, luego la AdA.

Sobre la profundidad del criterio "cesionista" del art 59, ley 8912 (T.O.1987)  vale reiterar lo publicado en http://www.delriolujan.com.ar/art59.html

Su origen responde a los interminables desbordes de los mercaderes haciendo lobby para que sus proyectos de hacer sus mejores negocios con los peores suelos siguieran prosperando.  Veamos los antecedentes que ya hace 50 años acercaban límites propios de hidrología URBANA y discernían con sentido común elemental sobre las competencias primarias municipales y provinciales.

La ley 6253 en su art 5° dice:  Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas inundaciones en las “zonas de conservación de los desagües naturales”, donde total o parcialmente se haya subdividido la tierra, en lotes urbanos, y hasta tanto se habiliten obras que aseguren las mínimas condiciones de seguridad y sanidad.

En su decreto reglamentario 11368, art 2° dice:  Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parcelas, cuya superficie supere las diez (10) hectáreas no será necesario prever, en éstas, la zona de “Conservación de los desagües naturales” debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos de subdivisión que no se podrá levantar edificación estable en una franja de cien (100) metros de ancho como mínimo, hacia ambos lados de borde superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna.

Esa expresa constancia de no poder levantar edificación estable les cabe incluso a los que conserven su categoría rural en parcelas mayores a 10 Has.

En su art 3° dice: En los casos previstos en el artículo 4º de la Ley 6253, los interesados deberán presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador” del municipio respectivo. Cuando sea necesaria la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica).

Lo establecido en el Plan Regulador municipal respectivo deberá incluir la forma en que se propone “sanear”. Ver inc c) del art 3° de la ley 6254:  Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presente ley.

La competencia del Ejecutivo Provincial pasa por considerar la seriedad de esos proyectos y controlar sus obranzas; pero toda la “iniciativa” es municipal y en NADA, provincial. Un proyecto de saneamiento no puede ventilarse en la AdA sin antes contar con la propuesta de cómo “sanear” que les apunta el municipio y la cota de arranque de obra permanente propuesta por el municipio. Tarea esta última en la que el ejecutivo provincial puede colaborar sin por ello restar a la responsabilidad primaria municipal.

El rigor de esta ley que hace ya 50 años acercaba pautas de hidrología URBANA aparece reflejado en su art 2°: Créanse “Zonas de conservación de los desagües naturales” que tendrán un ancho mínimo de cincuenta (50) metros a cada lado de los ríos, arroyos y canales, y de cien (100) metros en todo el perímetro de las lagunas. En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las mismas.

La expresión “extraordinaria” apunta la prevención antes que a la dominialidad. La expresión “normal u ordinaria” apunta a la dominialidad.

Apuntando a otra competencia primaria municipal el dec 11368 en su art 4° dice:
A efectos de cumplimentar lo establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley 6253 el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica) colaborara con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación, no podrán constituir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas.

Aquí aparece bien clara la competencia originaria municipal, al igual que el recurso de la vivienda palafítica para no conformar obstáculo al libre escurrimiento de las aguas.

Este mismo tema aparece apuntado por el art 5° de la ley 6254: El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones, dentro de las zonas ya fraccionadas.

Recordemos que las obras de sustentación de las viviendas no pueden significar un freno al libre escurrimiento de las aguas y por lo tanto, por art 4° del dec 11368, a menos que leviten, sólo les caben soportes palafíticos.

Respecto a las prohibiciones de cambios de destino parcelario rural a urbano los arts 1° y 2° de la ley 6254 dicen claramente:

Art 1°.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas las áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 I. G. M

Art 2°: Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos con lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas.

De esta manera, las excepciones no vulneran el criterio rural de la ley 8912 que funda sus reales en la medida mínima de una (1) hectárea. Subdividir la tierra en parcelas de una hectárea no conforma “núcleo urbano”.

Por este motivo, todos los proyectos a fundar en áreas de la llanura intermareal, y por supuesto, con mucha mayor razón los de las islas deltarias del Paraná aunque estén excluidos de esta norma (ver arts 15, 16 y 17 del Código Civil), tienen que aceptar que todas las excepciones están fundadas en parcelas mínimas no menores a una hectárea.

Estos son los antecedentes básicos de los límites siempre bastardeados que dieron lugar a los aparentes excesos cesionistas que descubrió hace 27 años el art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987).

Los “excesos” legales con un mínimo de sinceridad interior siempre encuentran correlato en nuestros propios excesos.

ARTICULO 59° de la Ley 8912 (T.O.1987) Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo.

Tendrá un ancho de cincuenta (50 m) metros a contar de la línea de máxima creciente en el caso de cursos de agua y de cien (100 m) metros medidos desde el borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica. Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se regirá por normas específicas.

Allí donde la ley 6253 hablaba de “crecidas extraordinarias, esta habla de “máxima creciente”; apuntando ambas, reitero, a mirada preventiva y no a dominialidad. Esta mirada preventiva encuentra sus pautas de criterio en hidrología URBANA apoyados en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.

La primera instancia es la que ya nos acerca la ley 6254 prohibiendo los fraccionamientos menores a una (1) Hectárea en estas áreas fragilísimas, de manera de conservar la categoría “rural” de la parcela y de esta forma no quedar atrapados en el art 59 de la 8912.

La otra instancia es la de apartar del proyecto urbano todas las áreas que quedan por debajo del límite de los 50 mts que siguen a la línea de máxima creciente de manera que conserven su categoría rural. Luego, el promotor del proyecto las acercará a la entidad de gestión comunitaria del barrio promovido por él, bajo la forma de dominio, posesión, derechos de uso, comodato o la forma que le resulte más apropiada.

La especulación para zafar y ridiculizar a esta norma ha llegado al extremo de imaginar una franja pública de tan sólo 50 mts en medio dos áreas de dominio privado a cada lado de esta.

No confundir con maximum flumen o “las más altas aguas en su estado normal” de Justiniano y Velez Sarfield o “las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias” de Borda.

Cuando la jurisprudencia apunta a crecidas, los términos “normal u ordinario” apuntan a la materia dominial y los “extraordinarios o máximos”, a la prevención, mirando el interés general por encima del particular.

Lo “extraordinario” en hidrología URBANA está fundado en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.

“Las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias” de Borda, no son, ni remotamente, útiles en estas áreas, a mortales que quieran imaginar a sus viviendas a salvo de toda inundación. Art 5°, ley 6254. Ni son dables de modelar cuantitativamente en planicies extremas; aunque por pendientes mucho mayores sí lo serían en su lar familiar de San Bartolo en Alpacorral.

Volvemos a repetir: lo normal u ordinario apunta a la dominialidad; lo máximo o extraordinario, a prevención.

Desde el momento que ambas leyes mentan “crecidas extraordinarias” y “máximas crecientes”, apuntan a prevención; apuntan a hidrología URBANA; apuntan a recurrencias mínimas de 100 a 500 años.

Por esta razón los artículos del Código Civil 2340 modificado por sugerencia de Borda que nos habla de las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias; y 2577 haciendo incapié en las más altas aguas en su estado normal -“maximum flumen” de Justiniano, siendo por completo ajenos a los recaudos mínimos de cualquier nivel de prevención en otras tierras que no contaran con las pendientes mínimas que registran en sus lugares de origen (Borda en Alpacorral y Justiniano en las llanuras del Lacio), son inútiles de toda inutilidad para poner freno a los desbordes de asentar humanos en lugares imposibles. Lugares que en nuestras pampas chatas abundan por doquier.

Volviendo a los respetos al art 101 del dec regl 1359  que dice : “Se entenderán por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos sin fijar, terrenos bajo cota o inundables, carencia de agua potable o posible contaminación de napas y cualquier otra situación asimilable”.

Muchos olvidan que “el Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades en las áreas comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones”. Este es el piso que debe acariciar la palabra “extraordinario” y los parámetros hidrológicos que le dan sustento. Por ello, amén de inconstitucional proponer ridículas recurrencias, el término “extraordinario” reclama precisa apoyatura técnico jurídica para constituir su razón normativa o de esencia, su razón fáctica o de existencia y su razón de verdad o justicia.

Por ello agradecemos que sea la propia Jueza Logar la que advierta la importancia de alcanzar a acariciar “el fondo de la cuestión”, para así recordarnos al cuidado de los hábitats humanos y sus soportes ambientales.

El marketing ha hecho grandes progresos, mientras la hidrología urbana recién comienza a ser tomada en cuenta. Y no para descubrir milagros, sino para fundar aprecios a prevención de anegamientos y al cuidado de las aguas, tanto superficiales, como de acuicludos salobres impermeables  e inapreciables acuíferos dulces debajo de ellos que tantas veces despanzurramos los primeros cuando nos damos a generar rellenos.

 

10) CONCLUSION QUE RESCATO DE ESTOS AGRAVIOS

En la cosmovisión del individuo que adopta un status activo y con particular desinterés contribuye a los actos del Estado mediante el ejercicio de los derechos políticos, no le cabe hacer aparecer al Estado como centro de imputación.

Para este individuo, el Estado ocupa un plano de coordinación respecto de los demás sujetos; por ello persigue su mayor respeto y aprecio, expresados con su mayor perseverancia y responsabilidad, en iniciativas que buscan suscitar mayor conciencia y solidaridad con el interés general.

La centenaria demora en la apertura de los tribunales contenciosos administrativos provinciales ordinarios permite hoy comenzar a estimar cuántas ineficiencias legislativas y cuántas arbitrariedades administrativas consagraron el uso descontrolado de poder discrecional que llenó de vicios la vida política provincial, bastardeando todas las instituciones.

Alimentados estos vicios de la falta de ejercicio de competencia ligada que cabe a los jueces administrativos precisando alcances jurisdiccionales y jurisprudenciales, los funcionarios administrativos de la provincia de Buenos Aires aprendieron a vivir “cada uno en su propio recinto sólidamente empalizado, desviando encuestas que sólo eran útiles a los propios encuestados”.

Así da cuenta el Dr. Guillermo J. Cano, en su “Estudio de línea de ribera”, T II, Pág.74,de la total ausencia de intercambio de información y de coordinación entre los diversos organismos de la Provincia de Buenos Aires.

La democracia requiere la publicidad y transparencia de las decisiones de los poderes públicos para contrarrestar a los poderes subterráneos.

La racionalidad y la moral del derecho se encuentran en la racionalidad comunicacional de sus procedimientos de creación y de aplicación.

Sin tener que saciar la sed del dios de los sistemas;

y mucho menos, suscitar sospecha de abusar con ella.

 

11) ANTECEDENTES ESPIRITUALES DE ESTAS ACTITUDES CIUDADANAS

Amamos la belleza, con sencillez.

Y el saber, sin relajación.

Nos servimos de la riqueza, más como oportunidad para la acción, que como pretexto para la vanagloria.

Y entre nosotros, no es para nadie un motivo de vergüenza reconocer su pobreza, sino que lo es más bién no hacer nada por evitarla.

Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos.

Y gentes que se dedican a diferentes actividades, tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos.

Somos, en efecto, los únicos que a quienes no toman parte en estos asuntos los consideramos, no un despreocupado, sino un inútil.

Y nosotros en persona, cuando menos, damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente; porque en nuestra opinión, no son las palabras las que significan un perjuicio para la acción.

Somos los únicos, además, que prestamos nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efectuar un cálculo de la conveniencia, como por la confianza que nace de la libertad.

Aprecios en el entierro de Pericles, por Tucídides

Ya no eran sólo los paisajes naturales; sino este particular ambiente construído entre Natura y los mortales,...¡aun hoy, también para nos, ambiente memorable!

Cimentado por quienes me constituyen para los esfuerzoscon su savia;

y el espíritu, que como a todos, me trasciende para el Amor,

estoy en esta circunstancia y lugar

desde mucho antes que el artículo 41 se reescribiera,

lanzado a éstos, hoy precisos sentimientos respecto de mi vecindad.

 

12) - RESERVA DE CASO FEDERAL

En atención al tenor del fallo recaído y existiendo lesión a garantías constitucionalmente amparadas tales como el derecho a defensa, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un ambiente sano, art. 18, 17 y 41 de la Constitución Nacional formulo expresa reserva de caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de no revocarse la decisión asumida.Pido una decisión expresa en tal sentido.

 

13)- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

También formulamos esta salvedad para el supuesto que no se revoque la decision en crisis por violentar la cláusula ambiental reconocida en el tratado de DERECHOS ECONOMICOS POLITICOS Y SOCIALES, y la Constitución Nacional en cuanto otorga a sus habitantes el derecho a participar libremente en las decisiones administrativas relacionadas con el ambiente, y a preservarlo; porque ese derecho adquirido a uso y goce y disfrute de un bien reservado por la Naturaleza y para la Naturaleza excede el marco de la esfera de voluntad de quienes legislan.

No pueden privar tanto al ambiente como a los que han sido destacados para mantenerlo y preservarlo, de ese derecho.

La colisión jurídica es patente, gravosa e ilegal y de ahí que la justicia internacional también está involucrada. Por ello, a todo evento hacemos saber que se planteará el conflicto normativo a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (Ley 23054).

Al respecto hacemos saber que el Tribunal Interamericano ha establecido que “el control de convencionalidad que por la magistratura local debe ejercerse de oficio”. (Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú- Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006 Serie C Nº 158 párrafo 128) dijo:

“los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.

El art 44 dice: Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o mas Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.

A su turno el art. 2 de la ley 23.313 (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos) establece el principio de progresividad, por el cual, se garantiza el mejoramiento de un derecho reconocido y se protege la plena efectividad de los mismos. El derecho de serinformado, oído; el derecho de participar en forma pública y abrazar en dicha participación ciudadana el ejercicio de la libertad y el derecho de proteger al ambiente.

El no cumplimiento de las mandas constitucionales y la violación a los derechos protegidos ameritan y activan el ejercicio de hacer valer ante esos estrados nacionales y supranacionales el reconocimiento de los mismos.

Por lo tanto solicitamos una expresa decisión sobre el control de convencionalidad.

 

Síntesis de temas básicos que cuentan con disposiciones administrativas tan finales como perfectamente erradas o inexistentes; y que nunca merecieron la atención de la Jueza Logar a pesar de aparecer nuestros reclamos en expresiones multiplicadas y perfectamente enmarcadas en sus soportes legales y técnicos para asistir el fondo de la cuestión:

1. Resolución 354 de la AdA

2. Puentes denunciados por sus errores de proyecto

3. Cesiones que por art 59, ley 8912, Ord 1987, nunca se cumplimentaron

4. Retiros mínimos inexcusables según arts 2º y 5º, dec 11368, regl ley 6253

5. Falta de determinación de la cota de arranque de obra. Art 4º, dec 11368

6. Excepciones de “necesidad imprescindible” para habilitar las obras de saneamiento, según art 3º del dec 11368/61, sin auditar, ni inscripción en los Planes Reguladores Municipales.

 

PETITORIO

Por todo lo expuesto, tras esta brevísima Síntesis de V.S. solicito:

1) Tenga por presentado el presente recurso de apelación en legal tiempo y forma.

2)Por fundado el mismo y por expresados los agravios.

3) Oportunamente, se resuelva dejar sin efecto la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda, con costas.

 

PROVEA V.E. DE CONFORMIDAD QUE SERA JUSTICIA

Francisco Javier de Amorrortu, 11 de mayo del 2010

Mario Augusto Capparelli

 

 

NOTIFICO a Ud. que en el expediente caratulado “DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS” n° 10662, que tramita por ante éste Juzgado, se ha resuelto: “La Plata, 5 de mayo de 2010. ...FALLO:1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. “i”, 36 inc. 2°, ap. “c” y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101). 2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).Regístrese y notifíquese. Fdo. Ana Cristina Logar. Jueza.”

 

10662 - "DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA"

La Plata, 5 de mayo de 2010.

Y VISTOS:

La pretensión anulatoria deducida (fs. 18/28, 30, 32/36 y 38/39) y la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada (fs. 115/118); y

RESULTA:

I) Que Francisco Javier De Amorrortu, por su propio derecho, promueve demanda contencioso administrativa con el objeto que se impida que las promesas apuntadas en el Acta de Preacuerdos Interministerial de fecha 30 de noviembre de 2.005, se lleven adelante. emitida en el marco del .

Manifiesta, que su intención es impedir que se efectivicen las promesas acordadas en la referida acta que tramita por expediente administrativo n° 2436-3970/04, con el fin de demarcar líneas de ribera por fuera de los límites establecidos por el marco legal aplicable a las cuestiones de hidrología urbana, como ser la ley 6.253 y su decreto reglamentario 11.368/61, así como también el artículo 59 de la ley 10.128.

Explica que el punto 3° del Acta de Preacuerdos Interministeriales aquí impugnado se descalifica, pues la sola determinación de la línea de ribera de creciente máxima aplicable a estos territorios que persiguen aptitud de suelo para asentamiento de núcleo urbano, es imposible, ya que ningún espacio de ese suelo tiene aptitud alguna para ser habitada, por lo que considera que la convalidación técnica final de Sol de Matheu que habilitara loteos en este fondo mesopotámico de doble cañada en paralelo, es de una irresponsabilidad incontrastable.

Describe que la viabilidad de ejecutar obras dentro del marco de restricciones ignora que no existe para la zona un plan regulador y, aunque existiera, no hay imprescindible necesidad establecida para estos planes reguladores, así como también que la ley 6.253/60 fue actualizada a través del artículo 59 de la ley 10.128, y por ello no cabe hablar de marco de restricciones, sino de marco de cesiones.

Continúa argumentando sobre la imposibilidad de la ejecución también del punto 4° del acta, pues las franjas de preservación de los desagües naturales sólo pueden verse afectadas por obras de accesiones que la crucen, no que la bordeen. Del mismo modo, apunta contra los puntos 5°, 6°, 8° del documento impugnado, desacreditando las pretensiones empresariales sobre el lote en cuestión, en pugna según argumenta, con la normativa vigente y con cuestiones de salubridad y medio ambiente en base a estudios hidrológicos de la zona efectivizados con anterioridad.

Denuncia que de las tareas que ofrece realizar la Autoridad del Agua, quienes aprobaron técnicamente las resoluciones hidráulicas de estos barrios, jamás tuvieron en cuenta ningún estudio hidrológico, salvo algunos realizados por terceros y aprobados por estos, estudios que según manifiesta son erróneos.

Pondera que la Directora del Área de Hidrología reconoció en el expediente n° 2436-3969/04, jamás haber sido consultada en estos temas que eran de su alta y correspondiente especificidad.

Asimismo, alega que en la planilla de datos de hidrometría por ella presentados, se advierte que las estimaciones de caudales máximos están por encima de los presentados por el actor.

II) Que requeridas las actuaciones administrativas 2.406-2024/00 (fs. 40), la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires las remite en copias certificadas, siendo agregadas a la presente causa, sin acumular (fs. 47).

III) Que conferido el traslado de la demanda (fs. 108), se presenta Fiscalía de Estado, la contesta y opone excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada, por cuanto entiende que el acto cuestionado no reviste la calidad de definitivo o asimilable (fs. 115/118).

Destaca que de conformidad a lo expuesto en el escrito de demanda, y de las constancias existentes en el expediente administrativo, surge que la demanda resulta inadmisible en los términos del artículo 35 inc. i) del CPCA, toda vez que en el caso se impugna un acto que no reviste la condición de definitivo ni resulta asimilable a definitivo, siendo que la pretensión de impugnación de un acto de esta categoría, hace viable la excepción opuesta, por lo que solicita que se haga lugar a la misma, desestimándose la acción impetrada.

Señala que a fin de que la relación jurídica procesal quede válidamente constituida y el juez pueda entrar a conocer en la cuestión de fondo, se requiere de la existencia de un acto administrativo definitivo -o asimilable- como uno de los denominados "requisitos de admisibilidad de la pretensión". La calidad de definitivo del acto impugnable, alude a su aptitud para decidir la cuestión de fondo (o jurídico material) en debate.

Sostiene que resulta evidente que el expediente administrativo 2436-3970/04 se encuentra en pleno trámite, y en particular, el Acta de Acuerdo Preliminar que se impugna, tal como su mismo nombre indica, resulta un convenio instrumental para determinar un marco de debate y análisis de las cuestiones entre las partes afectadas a fin de lograr una decisión final posterior.

Subraya que su naturaleza instrumental y no definitiva surge de su mismo texto, en tanto "refiere acerca de la conveniencia de arribar a un acuerdo urbanístico que contemple en líneas generales las posiciones de cada parte para ser plasmadas en un convenio urbanístico definitivo de carácter ulterior, expresando también que deberán tomar intervención los intendentes de Pilar y Escobar a los cuales se les hará llegar este acta... ", por lo que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión. El subrayado es del actor

Entiende que que la vía judicial es prematura, dado que todavía no se culminó con el procedimiento que resuelva el conflicto que se ventila en el expediente 2435-3970/04, en consecuencia, la pretensión no se dirige contra un acto definitivo ni asimilable a tal, a la vez que el expediente se encuentra en pleno trámite y cualquier vulneración a los derechos que alegue el actor resulta meramente conjetural.

Manifiesta respecto a este último punto, que el demandante no manifiesta la afectación en concreto de ningún derecho o interés a su parte a consecuencia del acta de acuerdo preliminar que impugna.

Concluye que el mencionado Preacuerdo reza: "La Autoridad del Agua en el ámbito de su competencia, se expedirá sobre la línea de ribera del arroyo Pinaza y autorizará la ejecución de las obras que propicie el desarrollador en el marco de la ley 12.257. Asimismo, se expedirá sobre la viabilidad de ejecutar obras dentro del marco de restricción que se establezca en el caso que se realicen obras complementarias”(cláusula 3° del Preacuerdo).

Iguales consideraciones efectúa respecto a la alegada cesión de calles públicas, ello en tanto expresa el Preacuerdo que: "La apertura del puente privado entre Ayres del Pilar y Sol de Matéu ... queda condicionada a la suscripción del acuerdo urbanístico y las garantías y resguardos que oportunamente se prevean para garantizar la continuidad de la traza pública ... ".

Por ello entiende que surge claro del texto del Preacuerdo impugnado, su naturaleza instrumental y no definitiva, de tal modo que no puede generar la afectación de derechos concretos, estimando por el contrario, que las alegaciones de la parte actora resultan hipotéticas y especulativas, no siendo éste ámbito judicial el adecuado para su tratamiento.

Solicita que se haga lugar a la excepción propuesta y, en consecuencia, se rechace la demanda en todas sus partes.

IV) Que conferido el traslado de ley (fs. 119) se presenta la parte actora, contesta la excepción opuesta y solicita su rechazo (fs.120/124).

Sostiene que hoy las tierra mesopotámicas en cuestión ya han sido parcialmente urbanizadas y vendidas, haciendo uso de ese borrador o proyecto, el cual, a su criterio, ya es un hecho.

Razona que no solamente debe dilucidarse si los actos jurídicos fueron llevados a cabo por quienes suscribieron ese acta, previa declaración de la nulidad de la misma; sino también cabría preguntar, o investigar o juzgar en y por el modo que indican las leyes, de quién será la responsabilidad de esta falta de atención a los derechos reconocidos y amparados por la Constitución Nacional en lo que al medio ambiente ser refiere.

Afirma que el documento cuestionado no es proyecto; es el principio de prueba escrita que ha habilitado que unos pocos construyan obras permanentes donde expresamente las leyes lo prohíben, transfiriendo sus cargas de irresponsabilidad al Estado.

Solicita se rechace la excepción opuesta.

V) Llamados autos para resolver (fs. 125), adquirió firmeza (fs. 131), quedando la causa en estado de ser resuelta (art. 34 inc. 4°, C.P.C.C.), y

CONSIDERANDO:

1°) Que tal como ha quedado delimitada la cuestión litigiosa, el thema decidendum se centra en decidir si el Acta de Preacuerdo Interministerial, impugnada en autos, cumplimenta con el requisito de admisibilidad contemplado en el artículo 14 inc. 1°, apartado a) del Código Contencioso Administrativo.

Liminarmente cabe puntualizar que el acta impugnada en el sub judice, ha sido dictada en el marco de un conflicto de límites de tierras entre propietarios de bienes inmuebles de los partidos de Pilar y Escobar.

En tal sentido, cabe destacar que el Código Contencioso Administrativo supedita la admisibilidad de la pretensión judicial impugnativa –entre otros requisitos- a la existencia de un acto administrativo definitivo dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final (art. 14 inc. 1°, ap. “a”, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas referenciadas, tal presupuesto de admisibilidad no deviene acreditado en el sub lite, ya que el Acta de Acuerdo Interministerial no es un acto definitivo, sino un acto preparatorio para futuros actos tendientes a la realización de las pautas allí acordadas.

Ello se desprende del los términos del acta en la que se expresa que "Abierto el acto, el señor Ministro manifiesta que visto el conflicto suscitado entre las partes por expediente 2436-3970/04, refiere acerca de la conveniencia de arribar a un acuerdo urbanístico que contemple en líneas generales las posiciones de cada parte para ser plasmadas en un convenio urbanístico definitivo de carácter ulterior, expresando también que deberán tomar intervención los intendentes de Pilar y Escobar a los cuales se les hará llegar este acta.” (fs. 8; el destacado me pertenece).

En tal sentido, cabe recordar que el artículo 87 del decreto-ley 7647/70 establece que no son recurribles las medidas preparatorias de decisiones administrativas, informes, dictámenes y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes para el órgano administrativo.

En tal sentido la Casación Bonaerense tiene sentado que corresponde a la accionante requerir a la Administración el pronunciamiento acerca de los planteos efectuados, preparando la decisión que habilite su posterior revisión judicial. Caso contrario, faltando el acto denegatorio al respecto, el Tribunal se halla impedido de abocarse al conocimiento de cuestiones sobre las que no ha recaído decisión administrativa e imposibilitado de fallar sobre lo que no está resuelto por la Administración (B. 54.014, “Rioja”, 2-XI-93).

2°) A mérito de lo expuesto corresponde hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida en autos (arts. 35 inc. 1°, ap. “i”, 36 inc. 2°, ap. “c” y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

Las costas se imponen en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

Por ello,

FALLO:

1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. “i”, 36 inc. 2°, ap. “c” y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).

3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. “a” y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).

Regístrese y notifíquese.