index . . viejo index . . DIPSyOH . . Codigo . . LRurbana . . LRnavegable . . LRrural . . 7 Fiscalia de Estado . . 8 Dir Geodesia . . 9 Autoridad del Agua . . 10 MIVSPBA . . 11 Gobernador . . 12 notas de aprecio . . 13 balance jornadas . . 14 Merbilhaa . . 15 Glosario Dr. Cano . . 16 Regimen dominial . . 17 Proced. Cano . . 18 CA 10662 Sol de Matheu . . 19 traslado Fiscalia . . 20 respetos legales . . 21 escenario anegamientos . . 22 APC Mateo . . 23 audio Asamblea APC . . 24 calle Oliden . . 25 Cartas Doc MIVSPBA . . 26 Amparo Sol de Matheu . . 27 Apelacion . . 28 Fallo . . 29 CD AdA . . 30 CD Pilar . . 31 DIA Ayres . . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . CDoc Valdi . . 37 aclaratoria . . 38 . 39 . queja en SCJN . . 40 . 41 carta Doc Alvarez Rodr . . 42 Arts. 2340 y 2577 del C.C . . 43 Art 18 Ley 12257 . . 44 impugn Art 18 Ley 12.257 . . 45 impugn art 18 Dec 3.511 . . 46 impugn Art 18 Res 705 . . 47 nutrientes jurisprud . . 48 1 amplia declaratoria . . 49 anteced dominial . . 50 2 amplia declaratoria . . 51 . 52 . responde al AGG . . 53 Hidrologia . . 54 problemas riberenos . . 55 acaso . . 56 propuesta . . 57 admision B67491 . . 58 B67491(a) . . 59 B67491(b) . . 60 B67491 (d) . . 61 parentescos . . 62 plan maestro . . 63 nucleo urbano . . 64 . art59 . . 65 . 66 . 67 . hidrolinea . . 68 . Ley particular . . 69 Politica del agua . . 70 . observaciones . .

Ya en Suprema Corte causa I -71193 desde Octubre del 2010, sin necesidad de plantear recurso de queja, la propia H. Cámara lo elevó.

INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Excmo. Tribunal:

Francisco Javier de Amorrortu, por mi propio derecho, con domicilio legal en calle 48 Nº 877 PB OF 7 de La Plata, conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. Mario Augusto Capparelli, abogado inscripto a T IV f 108 (C.A.S.I.) Legajo N° 13.605, en autos caratulados "DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" n° 10662" a V.E. digo:


Indice de Capítulos

I - Interpone recurso de inaplicabilidad de ley
II - Domicilio
III - Gratuidad del trámite
IV - Requisitos de admisibilidad- Sentencia Definitiva
V - Plazo y formalidades del art.279
VI - Motivo del reclamo judicial - Objeto del proceso
VII - La sentencia de primera instancia
VIII - La sentencia de segunda instancia
IX - Responsables de proveer la protección del ambiente
X - Jurisprudencia de Corte Suprema

Síntesis . Petitorio

 

I . INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Conforme lo dispone el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, vengo en tiempo y forma a interponer recurso de inaplicabilidad de ley contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, de fecha 16 de junio de 2009 que ratifica la sentencia de primera instancia, declara abstracta la cuestión planteada .

Si bien en el cap.III desarrollaremos la respectiva crítica, vaya esta síntesis para comprender desde el comienzo cual es nuestro reproche al respecto: se dice que la cuestion ha devenido abstracta por cuanto el acto administrativo no se completó, pero la realidad es que si lo hizo, el ambiente ha sido dañado, etc. O sea, eleva al rango de "suprema legalidad" meras disquisiciones formales, en desmedro de los principios ambientales que constituyen el plexo juridico de esta demanda.

 

II . MANTIENE DOMICILIO

A los efectos de este recurso mantengo el domicilio en la calle 48 nº 877 Planta Baja of 7 de La Plata.

 

III . GRATUIDAD DEL TRÁMITE

Esta accion carece de contenido patrimonial, y se fundamenta y cimenta en normas de raigrambre y naturaleza ambientales.por analogia con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 13928 dispone que la acción de amparo esté exenta del pago de tasas por servicios judiciales, sellado y todo otro impuesto, asi solicito se resuelva.

La Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que en los casos de acciones judiciales dirigidas a la protección del medio ambiente, no corresponde el reclamo del pago previo de tasas, costos y costas. Dicho precedente lo citamos para fundar esta petición.

"La Plata, 2 de noviembre de 2005. AUTOS Y VISTOS:... El art. 32 de la ley general 25.675, al tiempo que establece que la jurisdicción en materia ambiental: '... será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia', precisa que '... [el] acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie'. La referida norma, cierto es, no desvirtúa los poderes normativos y jurisdiccionales que, en su calidad de entes políticos autónomos, las provincias se han reservado en el pacto constituyente (arg. arts. 75 inc. 12, 121, 122, 123 y concs. C.N.). Antes bien, tal como lo impone el texto constitucional en que el legislador fundamentó la determinación normativa bajo examen (art. 41, C.N.), se ha resguardado la intervención de la jurisdicción local en temas ambientales no interjurisdiccionales, al poner en cabeza de los tribunales ordinarios la aplicación de la ley 25.675... De todos modos, el alto interés institucional, social y, por tanto, jurídico, comprometido en la especie (art. 41, en conc. art. 28, Const. Pcial.), exige dar una respuesta que sin mengua del reconocimiento estructural de las potestades locales, resguarde, en todo su posible aprovechamiento, las garantías que la normativa ambiental aspira a implementar efectivamente, en modo uniforme e igualitario para todo el país (art. 3 ley 25.675).... Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto invocado, ... una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen ambiental, tal cual surge, además, de la letra del citado art. 32 de la ley 25.675. En consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados judiciales competentes solo en sus instancias ordinarias...". (Ac. 93.412. Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Amparo).

La gratuidad de la justicia y el acceso a los estrados judiciales, sin cortapisas, lo estatuyen también los Tratados internacionales, (San José de Costa Rica).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Giroldi" JA 1995-III-571 dijo que al otorgarse jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vigencia, quiso poner de manifiesto que era tal como la misma regía a nivel supranacional y teniendo en cuenta la aplicación que hacían los Tribunales internacionales competentes.

Así en el caso "Cantos" ( ver en www.corteideh.orga.cr) se analizó los alcances del acceso a la jurisdicción, y recordando lo dispuesto por el art. 8 del Pacto de San José, resulta contraria a dicha norma todo impedimento patrimonial que lo dificulte y que no estuviera justificado por razonables necesidades de la propia administración de justicia. Mencionó al acceso a la justicia como un derecho humano por excelencia.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia ha resuelto que "Tratándose de la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, no es exigible el deposito previo del art. 280 del CPCC". (fallo Granda citado más arriba)

Resulta fácilmente parangonable esa situación con la de autos, toda vez que el art 32 de la ley 25.675 dice "el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie".


IV . REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD- SENTENCIA DEFINITIVA

La sentencia emanada de la EXCMA CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA, es definitiva (art 278 del CPCC), porque declarando abstracta la cuestión, sin considerar los hechos que albergó la crecida demanda mostrando con imágenes; evaluando con criterios de hidrología urbana amasados en los mismos estudios de las crecidas del doble valle de inundación Pinazo-Burgueño que ya seis meses antes habían sido presentados en la causa B 67491 en la Suprema Corte, probando los agravios al ambiente y a las personas incautas que logren ser atrapadas por estos mercaderes; ignorando, entre otros, los reclamos de impugnación a la resolución 354 de la AdA; sin considerar la necesidad de abrir el proceso a más pruebas de las numerosas presentadas, en los hechos significó el menosprecio por la manda constitucional que a partir del art 41 va quedando plasmada en presupuestos mínimos que dan soporte a especificidades legales provinciales en materia de hidrología URBANA, destino y ocupación de suelos, de las que ya podíamos sentirnos orgullosos, aunque diste mucho y en muchos, la comprensión cabal de ellas.

Para analizar la cuestión debemos reiterar que el objeto de este proceso es despertar a hidrología URBANA, -no confundir con hidráulica que siempre hace de verduga de Natura-, para desde ella considerar:

a) los agravios que pesan en la Resolución 354 de la AdA cuya solicitud de impugnación nunca fue atendida en ningún sentido, ni por la Jueza Logar, ni por la Excma Cámara.

b) Los agravios que pesan en la ausencia de las cesiones exigidas por el art 59 de la ley 8912 y recordadas a los emprendedores por los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y restricciones de la AdA a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17,

c) Los agravios que pesan en los indebidos aprecios a las restricciones mínimas impuestas por el art 5º del dec 11368, reglamentario de la ley 6253

d) Los agravios quen pesan en la falta de determinación de cota de arranque de obra permanente según lo exige el art 4º a los municipios

e) Los agravios que pesan en la ausencia de declaración de excepcionalidad con carácter de "necesidad imprescindible" inscriptas en los Planes Reguladores Municipales, para darse a procesos de "saneamiento", ver art 3º del mismo decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253 y art3º inc c de la ley 6254.

f) Que a su vez estos mismos anteriores considerandos fueron reafirmados por el art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.

g) Los agravios que pesan en las corridas de caudales planteadas para eventos muy por debajo de los criterios que fundan hidrología urbana.. Y que en este caso muy en particular en Suprema Corte sabrán apreciar pues a escasos metros de estas áreas está planteada la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias, con rigores hidrológicos ligeramente menores esta última, pues se encuentra aguas arriba.

h) Rigores que descalifican los puentes proyectados y que por segunda vez, por los tiempos transcurridos, han caído sus autorizaciones para obrar.

i) Los agravios que pesan en la ausencia de la audiencia pública.

El acta del preacuerdo tan mentado para fundar abstracción cayó por su propio peso de dislates y me apliqué a su impugnacíon cuando esta causa un 28/12/05 comenzó. Quien tenga la paciencia de recorrer mis escritos advertirá que jamás lograría concentrar el esfuerzo de 13 años de trabajo y más de 20.000 folios de presentaciones administrativas y judiciales en estas muy precisas materias, para reducirlas a la frivolidad de un documento anticipador de laxitudes, desde hace 15 años reiteradas.

Al desprecio a ese esfuerzo bien me cabe considerarlo, cuanto menos, abstracto. Y a la expresión del Dr. De Santis: 2. "Adelanto que la impugnacion no es de recibo", apunto los 9 agravios arriba reiterados, sobre los que siguen pesando solicitud de impugnación en unos y mirada a abusos, errores, faltas y veladuras en áreas técnicas y legales, con estrecha competencia y sin competencia ligada alguna, en decisiones administrativas.

Y a su expresión: "aspectos de hidrología urbana con lugar preciso de afectación en la esfera de derechos del actor, en situación exclusiva, ni concurrente … el caso no ofrece a un acto denegatorio como tampoco a uno que decidiendo sobre la materia que ventila la jurisdicción, pueda tener incidencia directa en la situación particular del demandante", recuerdo las obligaciones y derechos que el art 41 de la CC y la ley General del Ambiente plantea entre sus Presupuestos Mínimos a este actor y a cualquier otro ciudadano que tenga conciencia de la gravedad de estos agravios, reflejados en la Constitución Nacional, repito, en la Constitución Provincial, en los Presupuestos Mínimos de la ley Gral del Ambiente 29675, en las leyes prov 11723, 10907, 12704, 6253, 6254, 8912, sin olvidar la ley nac 25688 de presupuestos mínimos sobre Régimen Ambiental de Aguas.

Como prueba de mi Amor por estas materias que no buscan otro lucro que, ya casi septuagenario, sentirme útil y devolver algo de lo recibido, le acerco al Dr De Santis un regalo por separado que no conforma prueba de nada más que de ese Amor: una brevísima "Historia de entreveros alrededor de las líneas de ribera" que ojalá le ayude entrado en años, a disfrutar de estas materias.

Ver estos textos por http://www.delriolujan.com.ar/hidrolinea.html

Velando tantas impugnaciones, la consecuencia del fallo recurrido es dejar en estado de indefensión al ambiente en si mismo y a un conjunto indefinido de personas con derechos indefinidos, difusos, los cuales no han sido tenidos en cuenta por los jueces de grado.

El paradigma ambiental, mencionado por Ricardo Lorenzetti (Teoría de la Decisión Judicial, editorial Rubinzal Culzoni 2006, Págs. 425 y siguientes) nos pone en contacto con la realidad del bien jurídico protegido:

"surge una concepción amplia del ambiente, como macrobien y como microbien: el primero es constituido por el medioambiente global y "microbienes", que son sus partes, las atmósfera, las aguas, la fauna, la flora, la biodiversidad, el paisaje".

¿A qué apunta esta introducción?: pues a considerar que la intervención y rol del Juzgador es más amplia que en un proceso individual así como también es imprescindible la participación ciudadana en la formación de las decisiones públicas.

Este enfoque lleva a tornar inaplicables la jurisprudencia anterior a la vigencia de la cláusula ambiental (arts 41/3 de la Constitución Nacional) en cuanto consideraba requisito de admisibilidad el no poder promover una nueva acción judicial, circunstancia que no se da aquí, pues el daño ya se ha consumado. Empero, y esto es fundamental, en materia ambiental EL TIEMPO es un valor asociado a la salud del ambiente y de los seres humanos por lo cual un pleito posterior sería una mera ficción inepta para solucionar el daño ya acaecido. La justicia no debe ni puede llegar tarde. En ninguna causa, desde ya, pero fundamentalmente en las "ambientales"

De todos modos, cumpliendo exigencias procesales, dejo planteado el caso federal ante una posible decisión adversa, en mérito a claras normas constitucionales, en especial a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitucional Nacional. De tal manera hago expresa reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La cuestión federal se relaciona con el fondo del recurso porque la sentencia recurrida viola abiertamente los artículos 31 y 41 de la Constitución Nacional; por violarse normas de carácter nacional arts 4º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 de la ley 25675, frente a disposiciones locales art. 18 y 39 de la ley 11723, art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.

Y así, para el caso de una eventual decisión contraria a la admisibilidad del recurso, por estimar inconstitucional cualquier legislación o doctrina legal que impida a V.E. pronunciarse expresamente sobre los aspectos constitucionales (doct.CSJN, caso "Di Mascio" Fallos 311:2478), solicito decisión expresa sobre la cuestión federal .

 

V . PLAZO Y FORMALIDADES DEL ART. 279. MONTO INDETERMINADO

La sentencia de fecha 31 de Agosto del 2010 nos ha sido notificada el día 6 de Septiembre del 2010. Por lo tanto el presente recurso -se deduce en tiempo y forma.

Se funda el mismo en que: La sentencia ha violado los artículos 31 y 41 de la Constitución Nacional, la ley nacional 25675, arts. 4º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21, art 39 de la ley prov 11723, art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.

En orden al requisito referido al valor del litigio, el presente es de monto indeterminado pues se trata de imponer a la demandada que cumpla con imperativos de la legislación ambiental, sin ningún reclamo patrimonial.

 

VI . MOTIVO DEL RECLAMO JUDICIAL - OBJETO DEL PROCESO

Se promovió demanda y formalizó la denuncia de daño ambiental , solicitando en el escrito inicial y en sus ampliaciones, lo que sintetizado en la apelación a la Excma Cámara, cabe recordar:

Aprecios de apelación

1) Los hechos, el derecho y la clausula ambiental constitucional.
Respuesta al argumento del art 87 de la ley 7647/70, f 11

2) Caída del preacuerdo e impugnación formal de la Res 354 de la ADA, f 15

3) ineludible consideración de la nulidad expresamente solicitada, f 16

4) Al fondo de la cuestión que apunta la Jueza Logar, f 17

5) Derecho o interés del actor, f 20

6) Antecedentes de los aprecios de la Jueza Logar: a) f 22; b) f 26; c) f 33

7) Pormenores alrededor del barrio proyectado, f 34

8) Puente de cruce sobre los arroyos, f 40

9) Despertar a hidrología URBANA, f 43

10) Conclusión que rescato de estos agravios, f 52

 

1) liminarmente, debemos recordar que ya el pretor romano expresaba a los litigantes: DA MII FACTUM DABO TIBI IURIS.

Si esta causa hubiera sido resuelta por ese pretor, el resultado bien distinto resultaría.

No sólo le hemos proporcionado a la Jueza Logar los hechos, sino que abrimos una causa 9961 anterior a esta para pedir documentación de estos entuertos. Nos fue negada por "confidencial". Ignora la Jueza Logar que no hay tal confidencialidad en temas ambientales. En el interín nos enteramos del mamarracho del preacuerdo y abrimos otra causa por ello: la 10662. Aquí los dislates excedían con creces los temas hidrológicos de mi especialidad y justificaban otros enfoques legales mientras seguíamos esperando nos dieran vistas al primer contencioso. Un año había pasado cuando nos alcanzó la sentencia del primero y por no advertir que la jueza Logar le había impreso carácter sumarísimo, tras 48 hs hábiles perdimos la oportunidad de apelación. Miles de kilómetros de viajes a La Plata. Más de un centenar de folios obran en la causa, tan sólo para pedir vistas a unos expedientes. Y la paradoja de esta decisión vino en la causa 100662, cuyo puntapié inicial lo dio la propia Jueza Logar pidiendo ella misma los mismos expedientes que en la causa anterior nos habían sido negados por "confidenciales". Decisión de su propia conciencia, tal vez advirtiendo por tan reiterados reclamos, la profundidad del daño ambiental que los mismos implicaban.

En aquella sentencia la Jueza Logar calcó las respuestas de la Fiscalía. En esta causa vuelve a hacer lo mismo. Debo confesar que no comprendo como lograría un magistrado ocuparse de tantos miles de temas y en adición tener que cargar con una causa tan llena de especificidades técnicas y legales como esta. Los silencios que desde 1999 regaló la Fiscalía de Estado al exp 5100-15490 me hablan de la misma dificultad. Pero no tengo alternativa otra que comprender, pero seguir reclamando. Y queda bien claro que no estoy bregando por un bien particular, sino colectivo; que incluye a la propia Jueza Logar y a los nietos del Fiscal de Estado. Y lo vengo haciendo desde hace 13 años sin esperar nada personal a cambio.

La provisoriedad alegada de ciertos trámites, no alcanza para tapar la magnitud del descalabro ambiental cuyo escenario esta causa ha planteado con todo tipo de la más inusual y específica información; legal y técnica.
Si una simple alma ciudadana siente el deber de prevenir estos entuertos, también advierte que merece ser recordada la cláusula ambiental que pone en cabeza de TODA AUTORIDAD el deber de recomponer el ambiente dañado.
Los hechos denunciados así lo exponían. Silencio y mirada sesgada del Juzgador ha sido toda respuesta. No se ha cumplido con la manda constitucional. Grave falta para ser apreciada por el Tribunal de Control de Judicialidad.

Recordar

Recordar que el artículo 87 del decreto-ley 7647/70 establece que no son recurribles las medidas preparatorias de decisiones administrativas, informes, dictámenes y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes para el órgano administrativo, resultaría válido para el acta de preacuerdo a).-de no mediar los elementales principios de prevención y precaución ambientales;
b).-de no mediar la Res 354 de la AdA con constitución administrativa final y definitiva, que en esta misma causa fuera solicitada su oportuna impugnación. Ver f 76, f 102, f 124vta; y a f 76vta, el primer párrafo aparece marcado por el juzgado allí donde dice: "oportunamente solicito se tenga por formalmente impugnado y se declare la nulidad de la Resolución 354/06 de la A.d.A.".

c).-De no mediar todo el trabajo recorrido en estos 5 años y la gran cantidad de documentación solicitada por propia iniciativa de la Jueza Logar a la AdA para dar comienzo a la causa; la misma documentación que previamente en la causa paralela 9961 en este mismo juzgado había sido declarada "confidencial" y por ello no me dieron acceso a vistas. Esfuerzo que prueba en sí mismo que había motivos sobrados para considerar el art 86 y olvidar el 87.

d).-por la propia confesión de la Jueza Logar al final del 5º párrafo del punto III de su sentencia donde expresa: "por lo que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión"; revela que todos estos esfuerzos estaban repletos de razones fácticas tan definitivas como erradas;

e).- tales como los reiterados errados proyectos de los puentes "aprobados";

f).-la confesión de los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límitres y Restricciones de la AdA señalando un día 4/10/04, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, que "no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 franja a ceder en los valles de inundación)". Esta es la línea que la AdA aún tiene pendiente de demarcación. La que marcaron no sirve para NADA.

g).-Tampoco habían cumplimentado los retiros inexcusables mínimos de 100 m que exige el dec 11368/61 reglamentario de la ley 6253 en sus arts 2º y 5º.

h).-Tampoco había determinado el municipio la cota de arranque de obra permanente que le exige esta misma reglamentación en su art 4º.

i).-Tampoco habían sido inscriptas en los Planes Reguladores Municipales las "excepciones" que con carácter de "necesidad imprescindible" les exige el art 3º y que habrían permitido los trabajos de "saneamiento" con rellenos.

Todos estos dislates técnicos y legales cuya concreta entidad nadie ha puesto en duda nunca, son los que transforman el fondo de la cuestión en un concreto lodazal inocultable de faltas que conocieron todo tipo de comunicación y relación constitutiva de extrema y comprobada gravedad. Y tan lodazal, que por lo visto nadie quiere transitar.

Todo este listado denunciado está dicho y reiterado en la causa tantas veces como nadie puede imaginar. Y hacer un mapa de estas reiteraciones merecería alcanzar estos escritos en formato digital, para que cualquier estudioso que se entregue a ella utilice del programa Word el recurso "buscar". Y todos ellos, menos el acta de preacuerdo poniendo al rojo vivo los principios de precaución y prevención, refieren de actos resolutorios tan finales como errados.

Por ello este lodazal no sólo justifica la existencia de esta causa, sino la de otras tantas en extremo vecinas; idénticas en sus contextos locativos e hidrológicos, que se ventilan en este mismo juzgado, en el JCANº1 de San Isidro y en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, de las que más adelante referiremos;

aportando siempre la más específica apoyatura técnico jurídica, valorando la razón normativa, la razón de justicia perseguida en múltiples y reiteradas razones de existencias malparidas; y reitero: siempre apuntando a disposiciones administrativas tan pretenciosamente definitivas como erradas.

2) Tan de acuerdo estamos con la Jueza Logar de que el preacuerdo no conformó nunca el fondo de la cuestión, que el propio preacuerdo que motivó el primer aspecto denunciado en esta demanda, sin necesidad de resolución judicial alguna, perdió con los años vigencia por muchas de sus propias torpezas que fueron por el actor largamente comunicadas a todos los vecinos y a las propias autoridades municipales y provinciales; que así desestimaron seguir con los canjes de terrenos entre vecinos que incluían por parte del Estado la cesión de una calle pública con tradición de servidumbre de más de 200 años; que en adición conformaba el obligado camino perimetral entre dos clubes de campo y aparecía cedida e inscripta en los planos aprobados y archivados en la Dirección de Geodesia provincial.

Todos estos dislates fueron apuntados a los más encumbrados funcionarios mediante cartas documentos alertadoras de los disparates que se proponían habilitar. Así es que este preacuerdo entre vecinos y el Estado, cayó por el peso de sus propias torpezas, dándose entonces los empresarios del proyecto a urdir otros senderos para cruzar sus sueños. Estos sueños, sin embargo, reclamaban de las mismas herramientas de gestión que anticipaba el acuerdo, muchas de las cuales ya habían alcanzado en la administración su condición resolutoria definitiva. Por ello hube oportunamente de ampliar mis declaratorias demandando la impugnación de la Res 354 de la ADA, tras alcanzar constitución como acto administrativo definitivo dictado por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final. Aquí pesaban precisamente aquellos argumentos que la propia Jueza Logar advierte en los puntos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de su fallo, sosteniendo carácter técnico y legal en materia hidrológica.

Materias de alta especificidad que hube siempre de incorporar para sustanciar en forma inusual estas demandas; habiendo llegado a costear y controlar el desarrollo del estudio hidrológico más importante que se haya hecho en esta Provincia, con alta escala de resolución y testimonios vecinales que contribuyeron a poner en caja las variables de la modelación matemática, dedicado precisamente a estas dos cuencas y a la estrecha porción que cabe a estos barrios en cuestión que ya movieron por 13 años mis esfuerzos.

3) Así fue que en oportunidad que siguió al rechazo de la excepción opuesta por Fiscalía (a partir de fs.120) hube de HACER SABER e IMPUGNÉ LAS DEMARCACIONES APROBADAS por la RESOLUCIÓN 354 de la A.d.A., (ver fs 76, 76 vta, 90, 102 y 124) cuya misma solicitud, argumentos legales y técnicos hidrológicos, han sido en este fallo, al mismo tiempo que reconocidos en los párrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º mencionados en el punto 1º del Resulta introductorio, simultáneamente despreciados por la Jueza Logar en su fallo; siendo que ellos dan la pista para sustanciar el fondo de la cuestión.

Pista que la propia Jueza Logar acredita cuando para dar arranque a la causa 10662 solicita estas informaciones a la AdA, sin advertir o sin preocuparle que previamente me había desestimado esa misma solicitud de vistas que como actor había formalizado en la causa 9961/05 en su propio juzgado. Hermosa paradoja que pone de manifiesto un tardío reconocimiento de cómo se llega al fondo de la cuestión.

La ineludible consideración de la nulidad expresamente solicitada de esa Res 354/06 a fs 76, 76 vta 90, 102 y 124 obligaba a estudiar esas extensas y sustanciosas objeciones técnicas y legales planteadas; sin embargo, el fondo de la cuestión pasó de largo en su fallo de la causa 9961/05 para colgarlo de un tornillo que le pareció apropiado: la confidencialidad.

El fondo de estas cuestiones ya había sido en la causa 9961 en este mismo Juzgado, reitero, largamente expresada; y lo fue aún más en oportunidad de intentar hacer apelación. Y por referir de estas mismas precisas materias, de estas mismas áreas y de estos mismos proyectos, vale poner de manifiesto la reiterada superficialidad de ambos fallos. De ello hago memoria en el punto 5º.

4) La declaración de la propia Jueza Logar de que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión, habilita reconocimiento de que el fondo de la cuestión era lo que importaba, y este sigue sumergido en las faltas técnicas y legales de carácter hidrológico urbano que no he cesado en ambas causas de ilustrar y reiterar con inusual especificidad.

El fondo de la cuestión no es entonces el acta de preacuerdo, sino todo lo que alrededor de ella se ventila en esta causa; con parentescos primarios directos con la causa 822/04, Manfein S.A. contra la Dirección de Hidráulica en este mismo juzgado CA Nº2 de La Plata y con parentescos primarios directos con su contrapartida causa 03/04, Dirección de Hidráulica contra Manfein S.A en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de San Isidro a cargo del Dr Servín, con fallo que ordenó demoler los terraplenes que aquí mismo en este proyecto de inmediatos vecinos se proponen reproducir; y con parentescos primarios directos con la que se ventila desde el año 2003 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial causa B 67491, Barrio Los Sauces c/ la Dirección de Hidráulica. Todas estas causas tienen el mismo fondo de la cuestión que menciona la Jueza Logar; alrededor del cual la Fiscalía de Estado viene probando desde hace 11 años en el exp 5100-15940/99 de mi autoría, su irresponsable laxitud de criterios sobre estos mismos temas; y no precisamente con la excusa del art 87.

Recuerdo que el barrio Los Sauces es inmediato vecino de La Lomada, Ayres del Pilar y Sol de Matheu (ahora Ayres Norte). Estos últimos en cota aún más baja que el primero y donde afloran los arcillas hidromórficas verdosas cuya impermeabilidad frena las agresiones a los acuíferos Pampeano y Puelches, al tiempo que demora las absorciones de los escurrimientos superficiales. Fondos de cañada que sólo sirven para ser rescatados por el art 59 de la ley 8912 (ordenada1987), buscando su destino como espacios verdes comunitarios, tras espantar a los mesías mercaderes que luego de hacer sus mejores negocios con los peores suelos cargan las benditas espaldas del Padre Estado con todas las groserías hidrológicas que nunca aprecian mirar. Buenos Aires está lleno de estos tonterías que el tiempo parece haber excusado de mirada crítica a planificación, sin encontrar solución; y que bien útiles resultan para impulsar rumbos mucho más sinceros en el ordenamiento territorial.

Este barrio Los Sauces de tan sólo 18,5 hectáreas, es el único que se me escapó de la defensa que vengo haciendo en todos los frentes imaginables, del doble valle mesopotámico a lo largo de 13,5 años. Estos trabajos están publicados en el sitio http://www.valledesantiago.com.ar Sin embargo, el haberse escapado de mis muy tempranas advertencias no les ha traído ningún favor. Vivir en un fondo de cañada que ha conocido 2,75 mts de anegamiento no favorece ningún sueño. Y la causa B67491 está aquí para ilustrar esas debilidades que nunca encontrarán remedio. Al igual que mi alma 13 años luchando para defender paleocauces que sean útiles a preservar franjas de transición y expansión de la Vida urbana sin destino habitacional.

Situaciones de zozobra que todos los vecinos del Maldonado, del Vega y de tantos otros paleocauces reconocen en la ciudad de Buenos Aires y ahora, tras mentir y ocultar aseguran que prendiendo velas a una Walkiria tunelera que le recorta decuplicados cientos de millones al Fisco, conseguirán proteger las brutas inversiones inmobiliarias del duo Caputto-Macri en la J.B.Justo. Sólo conseguirán sumar infernales inversiones, tan inútiles como todo lo que muere en negociados. Ver http://www.arroyomaldonado.com.ar y muy recientes conferencias en el Centro Arg. de Ingenieros sobre inundaciones en la ciudad de Bs As organizadas por la Fundación Ciudad, cuyos balances se publican en http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.html descubriendo usos y costumbres entretejidas de tres sucesivos Jefes de Gobierno porteño ocultando durante 6 años la publicación de la preciosa información hidrológica realizada por un grupo de consultoras lideradas por la británica Hallcrow, mostrando los mapas de riesgo de inundación de cada una de las manzanas de la ciudad. A este punto de encuentro común de las avestruces pampeanas apuntan los Planes Hidráulicos, que con estos soportes éticos no alcanzan destino.

Si no sinceramos estas cuestiones, la expresión de la Jueza Logar apuntando "al fondo de la cuestión", no nos conducirá a ningún lado. Ni siquiera sabremos o intuiremos, a qué lado apuntar.

Los fondos de la cuestión están en los fondos de cañada y en las cegueras de nuestros promocionados mercaderes haciendo siempre sus mejores negocios con los peores suelos. Ver http://www.pilarsinplan.com.ar http://www.escobarsinplan.com.ar http://www.tigresinplan.com.ar http://www.lineaderiberaurbana.com.ar http://www.humedal.com.ar http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 4 html siguientes.

Entender "que la vía judicial es prematura, dado que todavía no se culminó con el procedimiento que resuelva el conflicto que se ventila en el expediente 2435-3970/04 y en consecuencia, la pretensión no se dirige contra un acto definitivo ni asimilable a tal, a la vez que el expediente se encuentra en pleno trámite y cualquier vulneración a los derechos que alegue el actor resulta meramente conjetural" es sólo conducente a los escenarios arriba planteados y bien negatorio de los principios de prevención y precaución tan elementales en derecho ambiental.

Había docenas de tareas administrativas con resoluciones finales mal resueltas y bien denunciadas, tanto en esta causa como en no menos de 30 expedientes administrativos provinciales y otros tantos municipales a lo largo de más de 13 años. Quien hubiera querido ir al fondo de la cuestión hubiera ganado al menos en ilustración. Y entre otras, a la formal impugnación de la Res 354 nada justifica en esta causa haberla esquivado. Por cualquiera de estas hilachas se descubría el fondo de la cuestión. Hilachas exhibidas ante el Fiscal de Estado hace 11 años a las que nunca prestó la más mínima atención.

Ver http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20Apendice%207.pdf

5) Los aprecios de la demandada en cuanto a que "el demandante no manifiesta la afectación en concreto de ningún derecho o interés a su parte a consecuencia del acta de acuerdo preliminar que impugna" amén de a todas luces superlativamente ridículos, adolecen de falta primaria de reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano y del propio Estado que se desprenden de los Art 2º, 3º, 6º, 7º y 8º de la ley 11723, entre otros; que muy bien la demandada y la Jueza Logar deberían sincerar para no ningunear perseverantes y desinteresados esfuerzos ciudadanos por los años que vengo bregando en todas las áreas administrativas imaginables, incluida la Fiscalía.

La impugnación formal que hube de hacer de esa Res 354 de la ADA en esta causa 10662, apuntando a aspectos técnicos y legales muy concretos de estas invasiones del doble valle de inundación, en áreas aún más bajas que las de su inmediato vecino barrio Los Sauces, venía nutrida de la experiencia acumulada en los descalabros que se siguen ventilando en la causa B 67491/03 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial, a pesar de haberlos prevenido personalmente 1 año antes de de ponerse el primer ladrillo y 7 años antes de que se abriera la causa, en la cual las Excelencias Ministeriales acordaron formal aprecio a mi participación. Ver Reg.Nº 574/08 de la SCBA por

http://valledesantiago.com.ar/linea22.html http://valledesantiago.com.ar/linea22b.html http://valledesantiago.com.ar/linea22c.html

Ver asimismo críticos desarrollos técnicos de códigos y leyes que apuntan especificidades de hidrología urbana en una demanda de inconstitucionalidad
http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html http://www.delriolujan.com.ar/incorte2.html http://www.delriolujan.com.ar/incorte3.html http://www.delriolujan.com.ar/incorte4.html http://www.delriolujan.com.ar/incorte5.html

Ver asimismo los antecedentes de mis denuncias penales en la UFI 9 de San Isidro, causa 64205/00 (2461) por ofensas administrativas y empresariales generadas en este doble valle de inundación Pinazo-Burgueño por http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago%20Apendice%209.pdf

Ver asimismo los estudios de línea de ribera urbana desarrollados en el sitio http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11a.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11b.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11d.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11l.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11m.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11n.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11n.html

Ver interminables Cartas Documento, siempre anticipando a funcionarios, empresarios y escribanos las faltas que se disponían a cometer y no obstante cometían: http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago_Apendice_3_ne.pdf

De estos antecedentes se nutren los aprecios que Rudolf von Ihering destaca en La lucha por el Derecho y que la representante de la Fiscalía aprecia ningunear.

6) Antecedentes de los aprecios de la Jueza Logar que ya en oportunidad de apelar su fallo en la causa 9961/05 hube de expresar, aunque fuera inútil su reclamo pues tarde advertí que se había dispuesto una vía sumarísima que agotó por inoportunos mis esfuerzos.

Sin embargo adviértase qué oportunos estos recordamientos sobre estas mismas precisas materias en los puntos a, b y c que paso a recordar fueron expuestos en aquella apelación frustrada, siempre apuntando al fondo de la cuestión que imaginamos sugiere la Jueza Logar en el final del 5º párrafo del item III de su sentencia.

Tal vez la Jueza Logar haya descubierto otro fondo de la cuestión que apunte mejor a alguna otra razón fáctica o de existencia sobre estos temas; a alguna otra razón normativa o de esencia que no hayamos mentado; o a alguna otra razón de verdad o justicia que hayamos concientemente ocultado. Agradeceré a V.E. quede clara esta cuestión de fondo.

Recordando aquella frustrada apelación a la sentencia de la Jueza Logar en la causa 9961/05, van estos tres puntos a), b) y c) que siguen en las págs. 14, 18 y 24.

a) Este enfoque resulta equivocado, dado que en la formalización de la demanda, ya desde la primera línea identifico con puntual claridad lo solicitado, ésto es: "tomar vistas de los estudios hidrológicos".

Y en el punto IV aplicado a describir "Derechos", alcanzo extenso soporte a esta solicitud; que en ningún momento fue de parte de la Jueza Logar considerado insuficiente para sostener los alcances del objeto solicitado.

Por ello, cuando la Fiscalía de Estado se opone a que se den vistas "a lo puntualmente solicitado", por considerar que no eran documentos que tenían que ver con temas de medio ambiente, y a cambio propone alcanzar un inútil y raquítico informe de impacto ambiental al que califican de "científico", -exageración que así graba su ligereza de criterio-; para concluir ella trabando la litis, consideré no tenía sentido discutir aquí y ahora, si el gato equivalía a la liebre, porque lo solicitado había sido muy bien apuntado.

El objeto de la demanda presentada el 8/11/05, era para que se me confirieran vistas y se me autorizara a sacar fotocopias sin los ya señalados entorpecimientos, de las Resoluciones Hidráulicas y los proyectos hidrológicos aprobados, de un listado que seguía a esta petición; y estos nunca fueron exhibidos;

por lo cual, mal puede tornarse abstracta la cuestión, no habiendo el objeto del reclamo sido cumplido en modo alguno.

Al no hacer en su sentencia siquiera mención de lo solicitado, ésto es: a los estudios hidrológicos; es de ella, la abstracción.

Y en adición a esa falta de atención para referirse estrictamente a lo solicitado, interpreta mi rechazo de la validez y/o utilidad de lo alcanzado por la AdA, como una actitud que alcanzaba abstracción hacia mi propia demanda!!!

El rechazo de este actuante a lo ofrecido por la A.d.A. respondía simplemente a que no correspondía a lo solicitado. Y lo solicitado era, repito, tomar vistas de los estudios hidrológicos y no de raquíticos informes de impacto ambiental. Tan raquíticos, que posteriormente los empresarios se dieron a presentar uno nuevo. Tan fácil de comprobar como simple prueba de la ligereza de esta Fiscalía y de aquella sentencia calcada a medida de intereses particulares.

De mi actitud de aceptar que la litis trabada por Fiscalía fuera a sentencia, jamás cabría deducir una alquímica fórmula "por la que alcanzo abstracción" a mi puntual solicitud de tomar vistas de los estudios hidrológicos.

La Jueza Logar está finalmente con su sentencia respaldando el criterio de la Fiscalía; ésto es: considerar "confidenciales" los estudios hidrológicos solicitados; que ella ni siquiera menciona en su sentencia.

Pero no sea el meollo de este fallo, fundado, repito, en la consideración de que mi solicitud devino abstracta; porque mi solicitud ha sido y seguirá siendo siempre la misma; ésto es: tomar vistas de los estudios hidrológicos.

A fs 88vta par II) se señala que la AdA y la Fiscalía solicitan se declare abstracta la controversia planteada, porque el Ing Oroquieta, presidente de la AdA había ya acordado se me alcanzara la información.

Lo que no decía el Ing Oroquieta, es que iban a dar gato por liebre;

-tampoco dice la jueza Logar, que este juego que se ha hecho de la palabra "abstracción" y que ella dice advertir en mi actitud, fue gestado por la Fiscalía-.

Cuando el peticionante lee esa sorpresiva aclaración de Oroquieta, -que le había sido negada durante meses-, de inmediato se presenta en la Ada para tomar esas puntuales y muy reiteradas solicitudes de vistas de los estudios hidrológicos.

Pero he aquí que le presentan documentos que el peticionante jamás había solicitado, ni solicitaría jamás, por su inutilidad completa para guiar los criterios que justificaron esos "asentamientos humanos imposibles" en valles de inundación que conocieron tres metros de altura de aguas.

De aquí, mi solicitud inmediata posterior, a la jueza Logar, para que se ocupara su Juzgado de secuestrar la información solicitada; porque ese comportamiento de Oroquieta equivalía para el peticionante, a una burla que se le hacía en su cara y no estaba dispuesto a ponerla en oficios que a cambio recibían respuestas ridículas y claramente burlonas.

Para evitar esos manoseos había precisamente recurrido a la Justicia.

En el par III del mismo folio 88vta de sus considerandos, registra cómo la Fiscalía vuelve a exhibir cinismo en sus respuestas;

por un lado acreditando que lo pretendido por el peticionante tenía "gran trascendencia pública" por ser cuestiones vinculadas al medio ambiente (textual); y por el otro, volviendo a insistir en dar gato por liebre.

En ese mismo par III dice que el actor se agravia de la "rigurosidad científica" de los informes de impacto ambiental; cuando de hecho, el actor se agravia del cinismo de la Fiscalía; que habiéndole por expediente 5100-15940/99 solicitado los mismos recaudos y alcanzado las mismas y mucho más oportunas advertencias, (ver "Los expedientes del Valle de Santiago" Apéndice 7 , "de las responsabilidades del Fiscal de Estado"), se dió el lujo de mandar al archivo este voluminoso expediente, que finalmente deriva en la causa B67491, hoy en trámite en la Secretaría de Demandas Originarias;

Causa en la que años más tarde y ya bien tarde, el propio Presidente de la Suprema Corte Dr. Negri invita por cédula a este actuante, para que diera opinión -e impugnara, como fue el caso-, sobre el proyecto hidrológico que decían haber presentado los peritos de parte contratados por los demandantes propietarios del barrio Los Sauces que nunca finalmente logró acreditar siquiera el carácter de "proyecto", sino de simple tapón para demorar.

b) La otra equivocación en los considerandos de la Jueza Logar está en el punto 1° a fs 89vta, al señalar que las vistas a determinadas informaciones pudieran denegarse cuando la entidad le confiera carácter de "documento confidencial".

Parece ignorar la Jueza Logar que tales estudios jamás podrían tener ese alcance porque son el único punto de apoyo para fijar una línea de ribera.

Línea cuya incumbencia, por art 20 del dichoso código de aguas Ley 12257/98, le cabe a terceros que pueden, con carácter vinculante, impugnar esas demarcaciones de líneas de ribera.

Demarcaciones que nunca se hicieron y que fueron por ello 16.000 veces denunciadas a lo largo de ya casi 10 años, por este actuante, ya bien especializado en este tema puntual;

que no sólo ha desarrollado criterio, sino que conoce como pocos, las faltas administrativas y las consecuencias en daños irreparables que de ellas devienen.

Si un tercero tiene derecho y con carácter vinculante, a impugnar las demarcaciones de líneas de ribera, el derecho a acceder a la información sobre ellas es insoslayable y no puede ocultarse bajo ninguna pretendida "confidencialidad", pues no tiene aquí ningún justificativo, sino por el contrario, utilidad pública y notoria.

Ninguna otra forma tendría el ejecutivo para avanzar en sus pretensiones en una disquisición sobre esas demarcaciones, que repito, nunca se hicieron, que poner sobre la mesa esos estudios hidrológicos.

Estudios que siempre responden a modelaciones matemáticas; que sosteniendo una realidad virtual intentan aproximación a los testimonios concretos y a las informaciones meteorológicas que acompañan los criterios hidrogeológicos; para así, a poco, ir armonizándose con las diferencias que pudieran surgir de los testimonios que hubieran impugnado esas demarcaciones; que repito, nunca se hicieron. Ver el Capítulo "Repaso que conduce a impugnar las demarcaciones" en los folios 78 y 92

Y vuelvo a repetir, habiendo el actuante en varias oportunidades solicitado se le notificara en la oportunidad de que esas demarcaciones fueran a ser efectivizadas in situ, y concretadas por las personas responsables del ejecutivo, y no por un agrimensor del propietario del predio; jamás se le respondió, así como jamás se demarcó. Ver Capítulo "Ha llegado el momento" a fs 93 de las 7 oportunidades, incluso por carta documento, en que pedí ser parte de esas demarcaciones y nunca se me notificó.

 

Ver asimismo la ampliación de los fundamentos de estas impugnaciones a la demarcación aprobada por la Res 354 a fs 102 y 103 del 13/4/07.

Demarcaciones que ni siquiera sabrían cómo hacer porque carecen de los elementales criterios legales y de todo trabajo de hidrología en la zona para así efectivizar estas demarcaciones. Ni serio, ni ligero. Nada en absoluto.

Estas confesiones de que no han hecho ellos en los últimos 100 años estudios serios para la zona en cuestión, vino ratificada por escrito al Presidente de la AdA, Ing Oroquieta, de parte de la Ing. Ana Strelzik, a cargo precisamente del área de hidrología de la AdA., a quien en 9 años de descalabros denunciados hasta el hartazgo nunca se consultó.

Esto es lo "confidencial" y el motivo por el cual dan gato por liebre.
Pero más importante aun que estos estudios criteriosamente realizados, es advertir que estos funcionarios previamente se hayan instruído en materias legales; en las que al parecer no les resulta ni simple, ni estimable profundizar.

Por ello repito: ni las demarcaciones que correspondían hacer se hicieron, ni notificaron jamás al actuante, ni entienden de hidrología urbana y mucho menos tienen en claro los cuerpos legales que se ajustan bien precisamente a ello; ésto es: a hidrología urbana

Ni han reglamentado su mamotrético código de aguas después de 8 años;

ni han comprendido las diferencias elementales que caben a hidrología urbana respecto de la hidrología rural;

ni sospechan las gravísimas irresponsabilidades en las que, por esta falta de discernimiento, incurren;

ni han dejado de avanzar en sus imposibles e irresponsables arbitrios.

Lo que a cambio de estas laxitudes en los cebados desempeños de estos funcionarios un día les sucedió, es que habiendo este actuante presionado hasta lo inconcebible a estos ejecutivos, quiso el destino que el decano de los ingenieros hidráulicos de la provincia, el Ing. Valdés, trabajando en la consultora hidráulica adscripta a la propia Fiscalía de Estado, luego de ver mis informes y las escandalosas fotografías que mostraban todos esos predios bajo el agua -fotografías que fueron robadas en dos oportunidades, una de ellas desde la propia consultora-; repito, luego de ver estas imágenes, el Ing Valdés movió a sus pares a que confesaran un bruto error en el cálculo hidrológico del primero de los barrios denunciados, de no menos de 8 veces; considerando incluso, que esta estimación era muy generosa porque aplicaba a ella un coeficiente de escurrentía de 0,3; de por sí extremadamente bajo. De hecho aquí cualquier hidrólogo consideraría un coeficiente de no menos de 0,7.

Este error trascendió a tal punto, que toda la tramitación del barrio Los Sauces, el primero de los barrios denunciados, terminó colgada diez años; hoy en un interminable juicio que desde hace tres años está en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte.

Y parte de la trascendencia de ese error fue la confesión misma que aparece acreditada en el expediente 2200-9666/99, y que hoy obra en la causa 10662 en el mismo Juzgado N°2 atendido por la misma jueza Logar y por su misma asistente Dra. Beatriz Susana Revello, en donde aparece bien clarito todo el estudio hidrológico -el de ese barrio Los Sauces, denunciado hasta el hartazgo.

La Jueza Logar pretende ahora que los mismos comparables estudios hidrológicos de sus inmediatos vecinos sean: "documentos confidenciales"; cuando ha admitido en su Juzgado estudios similares, incurriendo así en autocontradicción.

Estudios hidrológicos que el propio actuante se ocupó de multiplicar en decenas de expedientes para mostrar esos errores y comportamientos que son de nunca acabar. Documentos que por supuesto, la Corte conoció exclusivamente por mis perseverantes esfuerzos a través del exp. 2400-1904/96 hoy en la Corte, y no por los de otros.

Recapacitemos. Si en su momento fue el propio ministro de Obras Públicas el que respondió a las solicitudes que este entonces denunciante había hecho a través de doce expedientes a pares de este ministro; entre ellos, éste 2200-9666/99 dirigido al ministro de Gobierno Díaz Bancalari;

y la respuesta vino, no sólo confesando el bruto error, sino aportando el mismísimo estudio hidrológico donde se encontraba alojado ese error que trascendió como tal en las resoluciones hidráulicas que le siguieron y de las cuales, aun hoy, nadie se ocupa de resaltar ese error y las corresponsabilidades que conlleva para el Gobernador, el ministro de Obras Públicas, el Fiscal de Estado, el Director de Hidráulica, los promotores inmobiliarios y sus escribanos a cargo; a los cuales, por carta documento anticipada les hacía saber de errores y faltas para que no avanzaran ni en obras, ni ventas, ni escrituración.

¿¡Cómo cabría entonces hoy imaginar que esa actitud espontánea e inevitable de parte del ministro de Obras Públicas, fuera hoy, repito, después de diez años de perseguir a los mismos funcionarios, las mismas faltas y a los promotores de los mismos barrios, fueran hoy, vuelvo a repetir, esos accesos a tomar vistas de los estudios hidrológicos de los vecinos inmediatos de Los Sauces, negables?!!!

¿Dónde aparece sostenido el razonable criterio en esta negación que regala la sentencia de la jueza Logar?

¿Y en qué consideración de los esfuerzos de unos y otros para amasar prudentes criterios?

¿Y en qué consideración de la sinceridad, los intereses, las responsabilidades y las irreparabilidades en juego?

Conociendo a las personas de derecho público que atienden estas cuestiones y habiendo denunciado sus mentiras, errores y falsedades, así como los comportamientos de la Fiscalía de Estado respecto de estos temas de determinación de líneas de ribera que a ella compete fiscalizar, pues termina compartiendo responsabilidad con su firma en las resoluciones hidráulicas, ya habiendo cometido todas las mismas interminables faltas, jamás esperaría de ellos sinceridad alguna que no fuera motivada por un dolor interior personalísimo, en cada uno de ellos.

Dolor interior que en cambio, sí alcanzó al entonces Director Técnico Provincial Ing Pedro Agavios, que a poco de advertir su error y su firma en él y tras una crisis con el director provincial H.P.Amicarelli, renunció después de décadas de carrera.

No hubo en cambio, renuncia de parte de este último; a quien le tocó en suerte seguir mintiendo algo más de un año entero en esta tramitación del barrio Los Sauces -ver exp 2406-3807/96-, aun después del reconocimiento bien expresado por Agavios, de este bruto error.

Error que les había sido anticipado no fueran a cometer, expresamente indicado y bien fotografiado en esa pequeñita parcela de tan sólo 18,5 hectáreas para que no cometieran, repito, -sin ahorrarme los apelativos de "necios de toda necedad" con que caratulé mi denuncia al Ministro de Obras Públicas Toledo un 14 de Noviembre de 1996 en el expediente 2400-1904/96, hoy en la Corte;

43 días antes de que la plana mayor de Hidráulica firmara la aprobación del torpe proyecto del Ing Días para el barrio Los Sauces que luego aparece defenestrado por los esfuerzos incomparablemente perseverantes, desinteresados y exclusivos de este actuante.

Así, estimar que los predios linderos tienen los mismos vicios de criterio, es algo demasiado elemental que no se logrará ocultar con esta sentencia acreditando "confidencialidad" a esos mamarrachos administrativos.

Por ello he bregado diez años; y por ello me cabe acreditar haber trabajado como un burro.

Y por ello cabe advertir, de cuántas formas lo sigo haciendo en mis extensísimas páginas www.valledesantiago.com.ar www.delriolujan.com.ar www.lineaderiberaurbana.com.ar www.alestuariodelplata.com.ar entre otras, refiriendo todas las extensiones imaginables que caben a este tema puntual de las líneas de ribera, sus demarcaciones y respetos en áreas comprometidas a creación o ampliación de núcleos urbanos.

Jamás he lucrado con ello, ni lo haría jamás; por la vergüenza que a mi alma implicaría verme cobrándole a mi Padre Común, el Estado, los gastos de un esfuerzo que aunque enorme, bien siento es nada al lado del esfuerzo silencioso y generosísimo que El ha hecho, para permitirme crecer y vivir, libre y responsable, en sociedad.

c) Respecto del punto 2° de la sentencia de la causa 9961 -lo que sigue a línea 8ava del folio 90, es imposible siquiera imaginar: que el actuante después de trabajar diez años en esta puntual cuestión de las demarcaciones de líneas de ribera, fuera a ceder criterio y responsabilidad por una sentencia que dice estimar: "ha cedido el actuante en su interés" ¡¿!?¡

Tan poco comprobable es ese aserto de la Jueza Logar, como ignorante de todos los esfuerzos adicionales que sigo haciendo, repito, para que atiendan estos debidos y elementales respetos a las líneas de ribera.

Y si hubiera en toda la Provincia y en su larga historia, una persona que hubiera hecho, por algo tan elemental y puntual, un esfuerzo comparable al de este actuante, le ruego me lo informen.

Jamás acreditarán hubiera cedido en mis empeños. Y aun muerto, con algún pequeño capital de gracias amasado en éstos, pueden estar tranquilos, lo seguiré haciendo. Palabra de VASCO.

Finalmente, de la apelación infructuosa de aquella causa 9961 (fue interpuesta fuera de plazo y no de razón -el 5º día y no el 2º), me cabe referir en esta y a esta causa 10662 que siguió sus pasos en este mismo juzgado N°2, para alcanzar a probar con mucha sencillez, la ligereza de criterios que apuraron a la Jueza Logar para dictar su fallo en esta última.

Quiero aclarar, que todas las tramitaciones, obranzas y ventas de los barrios cuyos estudios hidrológicos solicitaba tomar vistas, habían finiquitado hacía varios años. Por lo tanto, la utilidad de mis intenciones en la causa 9961, apuntaban entonces a corregir futuros comportamientos; tal el caso de Sol de Matheu para el que todavía, después de 10 años, no han puesto ni un sólo ladrillo del puente de ingreso. El valle de Santiago sigue defendido y nadie después de los desafortunados del barrio Los Sauces ha repetido la torpeza de instalarse en este valle mesopotámico.

7) En esta causa 10662 mi solicitud estaba afectando el desarrollo de un proyecto y sus factibilidades; o aun más: a un proyecto en parte ya aprobado, pero aun no concretado, pues faltaba enhebrar una serie de acuerdos privados y públicos que amén de llevarse por delante unas cuantas materias legales y técnicas, todas de carácter hidrológico, sumaba faltas en canjes de áreas privadas que recibirían de premio por parte del Estado, la trasferencia de dominio público a privado de una calle con tradición de servidumbre pública de más de 200 años; que en adición de ser límite interdistrital, aparecía como obligada calle perimetral de dos clubes de campo y así figuraba inscripta en los planos de Geodesia Provincial.

A estos dislates propuestos se sumó otro reclamo judicial por vecinos de Ayres del Pilar.

Ver por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11i.html y apelación por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11j.html Vecinos que no veían con buenos ojos un camino de comunicación a otro barrio cerrado que les pasaría por frente de sus narices en áreas que ni siquiera eran propias de la entidad de gestión comunitaria de Ayres del Pilar, sino del emprendedor que las tenía propuestas para vender e instalar viviendas. La contaminación visual de una vivienda de lujo no aparece comparable a un camino por el que transitarían unos cuantos miles de vehículos diarios a un barrio cerrado de aprox 800 viviendas, cuyas tierras estaban localizadas en un municipio que tampoco era el de ellos y al que por ceguera de unos cuantos socios que recibirían de premio unas canchitas de futbol, hoy ven amenazados sus sueños de vivir en Naturaleza y lejos del ruido.

Para bendecir estos privados acuerdos se le ocurrió al letrado Mateo Corvo Dolcet dar intervención al Estado Provincial que así participó en esa desopilante acta de preacuerdo. Recuerdo que este letrado solicitó durante 18 meses mi asesoramiento para que ese camino de enlace entre barrios diferentes no pasara enfrente de su casa. Cuando logró evitar este despropósito no tuvo ningún empacho en ponerse a negociar con los emprendedores para proponerles creatividad desde su particular integridad.

Las relaciones que acuso entre Corvo y este que suscribe aparecen en http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/Querido%20Mateo%20qs.pdf

Tan concretas fueron estas muestras de solidaridad hacia este pobre vecino que habría de sufrir las consecuencias del trazado de la bendita calle de acceso al otro barrio, que el expediente de la AdA 3970 que aparece una y otra vez mentado en esta causa, es el hermano menor del exp 3969 que fueran ambos presentados el mismo día por este actor, para ayudar al vecino que un día se dio vuelta y se transformó en gestor del más loco descalabro al que hube de responder con la demanda 10662 aquí en cuestión. Por supuesto que estos detalles no son el fondo de la cuestión; pero cómo nos ahorraríamos estos comentarios si con este impulso logramos por selección, enfocar el fondo de la cuestión.

A f 132 el Presidente de la AdA Raúl López solicita a la Jueza Logar la devolución de una muy larga lista de expedientes. Pero váya la casualidad que allí no quiere mencionar el 2436-3969/04 de mi autoría. Hermano mellizo del 3979/04 de Mateo Corvo y bien cargado de noticias venenosas paea su paladar, entre ellas el reconocimiento de que nuestro Estudio hidrológico de las cuencas Pinazo-Burgueño no contenía ninguna clase de exageraciones.

Como se advertirá, esta causa está rodeada de pintoresquismos vernáculos. Y todo este esfuerzo, para probar que nunca apreciamos ir al fondo de la cuestión; porque los comportamientos humanos que encontramos por todos lados nos sugieren bendiciones en tanto nos mostremos laxos y acomodados.

Una de estas materias que en el punto 8 veremos, eran los dos puentes que habían sido aprobados en el 2000; y que por mis esfuerzos en la administración en el 2004 sus aprobaciones cayeron, sin necesidad de solicitar intervención a la Justicia. Poner "puentes" en el buscador del Word y se verá cuántas veces aparece este tema.

Alcanzo para ello la versión digital de esta apelación, por el sitio http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11q.html

Tan escaldado estaba entonces el Ing Oroquieta, presidente de la A.d.A. con mis advertencias puntuales por carta documento, advirtiéndole cada uno de los errores que se disponía a cometer, que no firmaba uno de estos entuertos a menos que tuviera el aval del Padre Eterno.

Por tantas advertencias desparramadas a los 4 vientos este proyecto del barrio Sol de Matheu permaneció en estado catatónico una década entera.

Y es aqui donde la jueza Logar tomó una iniciativa muy original que contradice su reciente fallo. La primera disposición de la Jueza Logar en la causa 10662 no fue analizar el acta de preacuerdo, sino solicitar al Ministro de Infraestructura Dr. Sícaro le enviaran a su Juzgado los estudios hidrológicos y las resoluciones hidráulicas aplicables a este proyecto, advirtiendo que, si bien mi solicitud de estos documentos habían venido a través de la causa 9961 que ella facilitó que se cayera fallando que eran confidenciales, ella -la jueza Logar- consideró oportuno solicitarlos a través de esta otra causa 10662.

Iniciativa, repito, exclusiva de la Jueza Logar que advirtió con oportuna claridad, que no había otra forma para evaluar la viabilidad ambiental de asentar las viviendas permanentes de ensoñados humanos en un lugar, incluso peor que el de Los Sauces, cuya desventurada causa aún nadie sabe cómo atender.

Y si no pareciera ésto cierto, pregunten al Dr José Luis Martiarena, de la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, cuántos esfuerzos tienen entre manos y dando vueltas en sus cabezas, para conciliar los estudios hidrológicos que fueron propuestos por los demandantes se realizaran para asistir la causa B67491, y que finalmente terminaron siendo costeados y presentados por este mismo actuante que hoy suscribe esta apelación; como única variable para zanjar la cuestión.

Ese estudio hidrológico es incomparable en pulimentos de información, testimonios y modelación matemática aplicada a ellos, con respecto a cualquier otro que alguna vez hubiera pudiera haber sido elaborado;

y que tal vez ahora, por vergüenza no quieren mostrar -no porque fueran confidenciales- sino por saber de antemano que están escrachados por sus propios inconfesables abusos y peores costumbres, asumiendo arbitrios imposibles que conformaron irresponsabilidades interminables e irreparables.

Por ello, repito, si la Jueza Logar con original y oportunísimo criterio dió el paso de mezclar en su conciencia, causas y solicitudes perfectamente emparentadas, ¿cómo haría para sostener la coherencia de su sentencia en la causa 9961, solicitando en la causa 10662 que trata de un preacuerdo que no tiene constitución final -y de hecho hoy devino abstracto-, un informe para darle el puntapié inicial, que ella estimó en su fallo anterior "confidencial"?!; sabiendo el día que firmó aquella sentencia de la causa 9961, que de antemano había comprendido que tales estudios hidrológicos eran esenciales, insustituíbles, y por cierto, nada secretos.

Esas sustancias fueron siempre el fondo de la cuestión, que la Jueza Logar advierte con meridiana claridad no estaba en el acta de preacuerdo, sino en las herramientas legales y técnicas hidrológicas que le alcanzarían constitución

Sorpresa se llevará algún día la Jueza Logar cuando se entere que esos documentos son papeles dibujados que no responden a ningún estudio serio y que por ello aspiraban a la condición de secretos. Ver fs 54 a 74 aportados por este actor a la causa

Y más sorpresa pudiera V.E. ya acariciar, si entrando al sitio http://www.valledesantiago.com.ar/EVS_11.htm descubriera los dos tomos de hidrología rural e hidrología urbana Apéndices 17 y 18; los dos tomos de un estudio de líneas de ribera y de evaluación de funcionarios y sus criterios a estos respectos: Apéndices 13 y 14; y los dos tomos del estudio hidrológico más completo que jamás nadie hubiera imaginado se realizaría para esta zona: Apéndices 19 y 20; compilados y editados por el actuante que así prueba sus esfuerzos, perseverancia y competencias.

Estos últimos estudios apuntados fueron elaborados para ser presentados en la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias; subidos de inmediato a la web, dando utilidad a un precioso informe ambiental de seriedad y envergadura inusuales, que por ello no merece, ni justifica secreto alguno;

y presentado que fuera en la Municipalidad de Pilar, felicitado por el entonces Secretario de Obras Públicas Ing Jorge Zalabeite, con maestrías hidráulicas en las Universidades de Delft (Holanda) y Londres;

asesor del Ministro Alietto Guadagni por años; ejecutor de todas la defensas que se hicieron hace una década en el Riachuelo y hoy gestor del destrabe del crédito de US$300 millones en el B.I.D. que ahora se disponen aplicar a las emergencias del Riachuelo.

Su e-mail : ...... a través de él podrán informarse de la veracidad y seriedad de sus avales y criterios.

Por lo tanto, no esperen V.E. ver maravillas o milagros en esos documentos cuyas vistas hube de solicitar se me alcanzaran y que la propia Jueza Logar, reitero, para dar arranque a la causa 10662 consideró sustanciales para analizar el fondo de la cuestión; sino confirmación de estos anticipos de desvergüenza generalizada, tanto de parte de la Dirección de Hidráulica, como de la Autoridad del Agua, como de la Fiscalía de Estado.

Y esa desvergüenza, probadas sus faltas, errores y mentiras, sean apropiada medicina para que algo empiece a cambiar en la energía de los espíritus alojados en las almas demandadas.

No busco penas ni castigos, sino cambios personales, sinceros, y por ello profundos, que aprecien las bondades de nuestro Padre Común; siempre vilipendiado, tanto por las personas de derecho público, como de derecho privado; en lobbies que aprecian, una y otra vez, construir las miserias extendidas de sus fortunas, rompiendo el esqueleto del Estado;

Y que hoy parecen en adición de abusos, ser favorecidos con sentencias como ésta, que impiden a la democracia participativa avanzar con aportes de libertad, responsabilidades compartidas, honestidad y perseverancia inusualmente probadas.

 

8) Otro de los temas que hacen al fondo de la cuestión y en el fallo pasó de largo, es el puente de cruce sobre los arroyos.

Por pertenecer al fondo de la cuestión denunciamos (ver exp 2436-3522/04) los dos puentes autorizados a Sol de Matheu; y que habiendo sido calculados para recurrencias de 10 años, cabía también hacerlo para recurrencias de 25 años, toda vez que conforma una vía de evacuación interdistrital en áreas de crecidos desarrollos urbanos; y no sin antes haber hecho acopio de información hidrológica y meteorológica; que sin duda estos funcionarios no tienen, pues esto es lo que ellos mismos han declarado en el exp 2436-3970/04 a fs 226.

Si no tienen información hidrológica para demarcar una línea de ribera; qué información tienen para formular la altura de un puente? De hecho, esa fue la sorpresa que les llevó el propio decano de los ingenieros hidráulicos de Provincia, el desaparecido Ing. Valdés adscripto por entonces a Fiscalía de Estado; cuando vió mis fotografías del puente de autopista que luego se robaron dos veces de la Dirección de Hidráulica y de la propia consultora técnica adscripta a Fiscalía de Estado.

A este puente calculado con recurrencias de 100 años y con una tolerancia adicional en más de 1 metro sobre la máxima estimada, no sólo el agua le pasó por encima en la lluvia del 31/5/85, sino que le arrancó de cuajo todo su tableestacado de hormigón. 2,5 metros por encima de la máxima estimada por la Dirección de Hidráulica. ¡GENIOS! ¡Ignoran ésto, a pesar de mil veces denunciado! E insisten en que esos puentes están bien.

Precisamente lo contrario dice el Ing. Carlos Ballester, Presidente del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Buenos Aires, cuando en su propuesta en la causa CA B67491 en la SCorte señala, que el puente similar construido sobre el Pinazo para dar entrada a Los Sauces, hay que demolerlo para hacer otro más grande. Fácil es advertir que un puente de 2,76 m de luz vertical y 20 m de ancho generará embalsamientos brutales a los vecinos de aguas arriba, siendo que la banda de anegamiento en el área del puente alcanzó el 31/5/85, 2,75 de alto y 1800 mts de ancho.

El propio ingeniero informante del Depto de Planeamiento Hídrico de la DIPSyOH del MIVySP, en el 2° párrafo de su parágrafo a), refiriéndose a los puentes calculados para lluvias con recurrencia 10 años), señala: "que para crecidas extraordinarias, es posible que las obras (como en cualquier región) sean superadas y salgan de servicio".

No sólo salen de servicio los puentes calculados con recurrencias a 10 años, sino que el propio puente de autopista, repito, calculado con recurrencias a 100 años, fue superado en dos lugares y en 2,5 metros respecto de las máximas estimaciones de la Dirección de Hidráulica;

Y no sólo, salió de servicio, sino que voló todo su tableestacado de hormigón al demonio

Imaginemos entonces esta situación con viviendas permanentes de superlujo instaladas al lado mismo y abajo mismo! de estos puentes estimados con tan deficitarios criterios; que alegar razones presupuestarias o de deconocimiento hidrológico, para el caso de los recaudos que exigen los cuerpos legales, da lo mismo.

En el segundo párrafo de su parágrafo b), este ingeniero señala que los puentes existentes en correspondencia con los arroyos Burgueño y Pinazo fueron ejecutados originalmente por Vialidad Nacional, y que se supone que deben estar bien dimensionados para las recurrencias correspondientes (que él ya hubo estimado en 10 años).

Pero lo que no señala es que el puente de entrada a los barrios Los Sauces y Los Pilares fue calculado por ellos y el 6/11/96 voló todo su tableestacado antes incluso de que le asentaran su viga de cruce. Y que sus fotos mostrando estos descalabros fueron robadas dos veces del exp 2400-1904/96. En la segunda oportunidad lo fueron de la oficina de la propia consultora técnica adscripta a Fiscalía de Estado.

Este mismo puente es al que el Ing. Ballester ex presidente del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Buenos Aires, citado más arriba como perito de parte en la causa B67491, les sugiere demoler.

Una causa 68965 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, Rodoni Juan Pablo y otros c/ Municipalidad de Bahía Blanca que ventila cuestiones similares referidas a un puente, acaba de recibir fallo que merece ser apreciado.

Más allá de que con estos comportamientos no se logra construir un país sano, con estos criterios de recurrencias 10 años no se hace hidrología URBANA, sino rural. Y por ello los cuerpos legales provinciales, nacionales e internacionales, hablan siempre de línea de ribera de creciente máxima (con recurrencias mínimas de 100 años)

Y por ello insistimos que el art 18 del inefable código de aguas ley 12257/98, responde a criterios de un redactor en la luna de miel con su plan maestro, pero dejando en el olvido todo criterio de hidrología urbana.

9) Despertar a hidrología URBANA merced al art 59. Reseña Legislativa y Jurisprudencial alrededor del Código Civil y otros cuerpos legales nacionales y provinciales que reclaman aprecios de hidrología.

De la falta de respetos por parte de los municipios a sus responsabilidades hidrológicas: 1) determinación de la cota de arranque de obra permanente; 2) determinación del carácter de "necesidad imprescindible" de las excepciones; 3) propuesta de cómo se habrán de "sanear" esas excepciones; 4) inscripción de ambas decisiones en los Planes reguladores municipales respectivos PRM.

En este punto de esta larga presentación es oportuno recordar los entronques del art 59 con las leyes 6253, su decreto reglamentario 11368 y la ley 6254; su necesidad, y el sentido común de discernir entre las responsabilidades primarias municipales y provinciales que no son a mezclar, si no es desde la visión de una saludable libre colaboración.

Más allá del equipo que en Octubre de 1977 sacó el art 59 a la luz, me considero el primer observador crítico de los respetos debidos a la hidrología urbana rescatables desde este art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987) que le da contención; habiendo desde el 7 de Noviembre de 1996 luchado por comunicar en miles de folios, su sentido y valor.

El 8 de Noviembre del año 2000 veo por primera vez recordado este breve artículo en la Disposición 984 del MOSPBA reclamándole al promotor del barrio Los Sauces (causa B67491 en la Sec de Dem Orig) probara el cumplimiento de las obligadas cesiones. Pasaron varios años hasta que el Gobernador Solá reiterara en el art 4° del Dec 37/03 esta misma solicitud.

Un año más tarde los Ings. Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y Restricciones de la AdA, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, un día 4/10/04 dicen que "no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 que refiere de la franja que corresponde ceder a los núcleos urbanos en los valles de inundación, hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de creciente máxima)"

Pasaron cinco años y corría el 2009, para ver por primera vez a un municipio hacer este reclamo. El inc c del art 3° de la Res Mun 086 del 24/4/09 les marca a los empresarios de EIDICO los recaudos del art 59 para el caso que lograrán cambiar el destino parcelario de rural a urbano. Ver esta Res 086 en el Anexo 11, pág 121. Allí descubrirán en el art 3° las primeras 10 muestras de cómo un municipio asume corresponsabilidad formulando expresos IAC. Felicitaciones a estos dos funcionarios V.B. y G.M. de cuyas almas en libertad salieron estas respuestas.

Y como respuesta, aunque muy parcial, por primera vez en 13 años de machacar en estos temas, veo una documentación que aporta líneas de anegamiento referidas a recurrencias de 100 años. Ver esta documentación correspondiente al Barrio San Sebastián de EIDICO en http://www.delriolujan.com.ar/sebastian10.html y
http://www.delriolujan.com.ar/sebastian11.html

Al parecer, después de tanto machacar, ahora nadie quiere dejar sin mencionar a este precioso artículo, que repito, conforma la única expresión de hidrología urbana que regala nuestra legislación provincial.

Los conflictos de este art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987) con el art 18 de la ley 1257/98 han quedado expresados en las impugnaciones al mismo que hube de presentar en las causas I 69518, 69519 y 69520 en esta Secretaría de Demandas Originarias hace 3 años.

Ese art 18 habla de línea de ribera de creciente media ordinaria a determinar con apoyo en recurrencias de tan sólo 5 años; y así redactado para dar soporte legal a las obranzas del plan maestro, terminó conformando la tapa de su ataud. Las 2,5 millones de hectáreas de la pampa deprimida que proponía escurrir en dos meses, pasaban completas al dominio público de aplicar esa norma. Tal la desubicación en materia hidrológica cuantitativa de un funcionario que generó en su larga gestión, la actual desestructuración de la Dir. de Hidráulica Provincial y sus hijuelas, primero el Orab, luego la AdA.

Sobre la profundidad del criterio "cesionista" del art 59, ley 8912 (T.O.1987) vale reiterar lo publicado en http://www.delriolujan.com.ar/art59.html

Su origen responde a los interminables desbordes de los mercaderes haciendo lobby para que sus proyectos de hacer sus mejores negocios con los peores suelos siguieran prosperando. Veamos los antecedentes que ya hace 50 años acercaban límites propios de hidrología URBANA y discernían con sentido común elemental sobre las competencias primarias municipales y provinciales.

La ley 6253 en su art 5° dice: Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas inundaciones en las "zonas de conservación de los desagües naturales", donde total o parcialmente se haya subdividido la tierra, en lotes urbanos, y hasta tanto se habiliten obras que aseguren las mínimas condiciones de seguridad y sanidad.

En su decreto reglamentario 11368, art 2° dice: Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parcelas, cuya superficie supere las diez (10) hectáreas no será necesario prever, en éstas, la zona de "Conservación de los desagües naturales" debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos de subdivisión que no se podrá levantar edificación estable en una franja de cien (100) metros de ancho como mínimo, hacia ambos lados de borde superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna.

Esa expresa constancia de no poder levantar edificación estable les cabe incluso a los que conserven su categoría rural en parcelas mayores a 10 Has.

En su art 3° dice: En los casos previstos en el artículo 4º de la Ley 6253, los interesados deberán presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador" del municipio respectivo. Cuando sea necesaria la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica).

Lo establecido en el Plan Regulador municipal respectivo deberá incluir la forma en que se propone "sanear". Ver inc c) del art 3° de la ley 6254: Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presente ley.

La competencia del Ejecutivo Provincial pasa por considerar la seriedad de esos proyectos y controlar sus obranzas; pero toda la "iniciativa" es municipal y en NADA, provincial. Un proyecto de saneamiento no puede ventilarse en la AdA sin antes contar con la propuesta de cómo "sanear" que les apunta el municipio y la cota de arranque de obra permanente propuesta por el municipio. Tarea esta última en la que el ejecutivo provincial puede colaborar sin por ello restar a la responsabilidad primaria municipal.

El rigor de esta ley que hace ya 50 años acercaba pautas de hidrología URBANA aparece reflejado en su art 2°: Créanse "Zonas de conservación de los desagües naturales" que tendrán un ancho mínimo de cincuenta (50) metros a cada lado de los ríos, arroyos y canales, y de cien (100) metros en todo el perímetro de las lagunas. En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las mismas.

La expresión "extraordinaria" apunta la prevención antes que a la dominialidad. La expresión "normal u ordinaria" apunta a la dominialidad.
Apuntando a otra competencia primaria municipal el dec 11368 en su art 4° dice: A efectos de cumplimentar lo establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley 6253 el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica) colaborara con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación, no podrán constituir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas.

Aquí aparece bien clara la competencia originaria municipal, al igual que el recurso de la vivienda palafítica para no conformar obstáculo al libre escurrimiento de las aguas. Este mismo tema aparece apuntado por el art 5° de la ley 6254: El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones, dentro de las zonas ya fraccionadas.

Recordemos que las obras de sustentación de las viviendas no pueden significar un freno al libre escurrimiento de las aguas y por lo tanto, por art 4° del dec 11368, a menos que leviten, sólo les caben soportes palafíticos.

Respecto a las prohibiciones de cambios de destino parcelario rural a urbano los arts 1° y 2° de la ley 6254 dicen claramente: Art 1°.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas las áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 I. G. M

Art 2°: Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos con lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a 12 Has.

De esta manera, las excepciones no vulneran el criterio rural de la ley 8912 que funda sus reales en la medida mínima de una (1) hectárea. Subdividir la tierra en parcelas de una hectárea no conforma "núcleo urbano".

Por este motivo, todos los proyectos a fundar en áreas de la llanura intermareal, y por supuesto, con mucha mayor razón los de las islas deltarias del Paraná aunque estén excluidos de esta norma (ver arts 15, 16 y 17 del Código Civil), tienen que aceptar que todas las excepciones están fundadas en parcelas mínimas no menores a una hectárea.

Estos son los antecedentes básicos de los límites siempre bastardeados que dieron lugar a los aparentes excesos cesionistas que descubrió hace 27 años el art 59 de la ley 8912 (T.O. 1987).

Los "excesos" legales con un mínimo de sinceridad interior siempre encuentran correlato en nuestros propios excesos.

ARTICULO 59° de la Ley 8912 (T.O.1987) Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo. Tendrá un ancho de cincuenta (50 m) metros a contar de la línea de máxima creciente en el caso de cursos de agua y de cien (100 m) metros medidos desde el borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica.

Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se regirá por normas específicas. Estas expresiones finales aparecen impugnadas en la causa 70751 en SC

Allí donde la ley 6253 hablaba de "crecidas extraordinarias, esta habla de "máxima creciente"; apuntando ambas, reitero, a mirada preventiva y no a dominialidad. Esta mirada preventiva encuentra sus pautas de criterio en hidrología URBANA apoyados en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.

La primera instancia es la que ya nos acerca la ley 6254 prohibiendo los fraccionamientos menores a una (1) Hectárea en estas áreas fragilísimas, de manera de conservar la categoría "rural" de la parcela y de esta forma no quedar atrapados en el art 59 de la 8912.

La otra instancia es la de apartar del proyecto urbano todas las áreas que quedan por debajo del límite de los 50 mts que siguen a la línea de máxima creciente de manera que conserven su categoría rural. Luego, el promotor del proyecto las acercará a la entidad de gestión comunitaria del barrio promovido por él, bajo la forma de dominio, posesión, derechos de uso, comodato o la forma que le resulte más apropiada.

La especulación para zafar y ridiculizar a esta norma ha llegado al extremo de imaginar una franja pública de tan sólo 50 mts en medio dos áreas de dominio privado a cada lado de esta.

No confundir con maximum flumen o "las más altas aguas en su estado normal" de Justiniano y Velez Sarfield o "las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias" de Borda.

Cuando la jurisprudencia apunta a crecidas, los términos "normal u ordinario" apuntan a la materia dominial y los "extraordinarios o máximos", a la prevención, mirando el interés general por encima del particular.

Lo "extraordinario" en hidrología URBANA está fundado en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.

"Las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias" de Borda, no son, ni remotamente, útiles en estas áreas, a mortales que quieran imaginar a sus viviendas a salvo de toda inundación. Art 5°, ley 6254. Ni son dables de modelar cuantitativamente en planicies extremas; aunque por pendientes mucho mayores sí lo serían en su lar familiar de San Bartolo en Alpacorral.

Volvemos a repetir: lo normal u ordinario apunta a la dominialidad; lo máximo o extraordinario, a prevención. Desde el momento que ambas leyes mentan "crecidas extraordinarias" y "máximas crecientes", apuntan a prevención; apuntan a hidrología URBANA; apuntan a rec. mínimas de 100 a 500 años.

Por esta razón los artículos del Código Civil 2340 modificado por sugerencia de Borda que nos habla de las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias; y 2577 haciendo incapié en las más altas aguas en su estado normal -"maximum flumen" de Justiniano, siendo por completo ajenos a los recaudos mínimos de cualquier nivel de prevención en otras tierras que no contaran con las pendientes mínimas que registran en sus lugares de origen (Borda en Alpacorral y Justiniano en las llanuras del Lacio), son inútiles de toda inutilidad para poner freno a los desbordes de asentar humanos en lugares imposibles. Lugares que en nuestras pampas chatas abundan por doquier.

Volviendo a los respetos al art 101 del dec regl 1359 que dice : "Se entenderán por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos sin fijar, terrenos bajo cota o inundables, carencia de agua potable o posible contaminación de napas y cualquier otra situación asimilable".

Muchos olvidan que "el Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades en las áreas comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones". Este es el piso que debe acariciar la palabra "extraordinario" y los parámetros hidrológicos que le dan sustento. Por ello, amén de inconstitucional proponer ridículas recurrencias, el término "extraordinario" reclama precisa apoyatura técnico jurídica para constituir su razón normativa o de esencia, su razón fáctica o de existencia y su razón de verdad o justicia.

Por ello agradecemos que sea la propia Jueza Logar la que advierta la importancia de alcanzar a acariciar "el fondo de la cuestión", para así recordarnos al cuidado de los hábitats humanos y sus soportes ambientales.
El marketing ha hecho grandes progresos, mientras la hidrología urbana recién comienza a ser tomada en cuenta. Y no para descubrir milagros, sino para fundar aprecios a prevención de anegamientos y al cuidado de las aguas, tanto superficiales, como de acuicludos salobres impermeables e inapreciables acuíferos dulces debajo de ellos que tantas veces despanzurramos los primeros cuando nos damos a generar rellenos.

 

10) CONCLUSION QUE RESCATO DE ESTOS AGRAVIOS

En la cosmovisión del individuo que adopta un status activo y con particular desinterés contribuye a los actos del Estado mediante el ejercicio de los derechos políticos, no le cabe hacer aparecer al Estado como centro de imputación.

Para este individuo, el Estado ocupa un plano de coordinación respecto de los demás sujetos; por ello persigue su mayor respeto y aprecio, expresados con su mayor perseverancia y responsabilidad, en iniciativas que buscan suscitar mayor conciencia y solidaridad con el interés general.

La centenaria demora en la apertura de los tribunales contenciosos administrativos provinciales ordinarios permite hoy comenzar a estimar cuántas ineficiencias legislativas y cuántas arbitrariedades administrativas consagraron el uso descontrolado de poder discrecional que llenó de vicios la vida política provincial, bastardeando todas las instituciones.

Alimentados estos vicios de la falta de ejercicio de competencia ligada que cabe a los jueces administrativos precisando alcances jurisdiccionales y jurisprudenciales, los funcionarios administrativos de la provincia de Buenos Aires aprendieron a vivir "cada uno en su propio recinto sólidamente empalizado, desviando encuestas que sólo eran útiles a los propios encuestados".

Así da cuenta el Dr. Guillermo J. Cano, en su "Estudio de línea de ribera", T II, Pág.74, de la total ausencia de intercambio de información y de coordinación entre los diversos organismos de la Provincia de Buenos Aires.

La democracia requiere la publicidad y transparencia de las decisiones de los poderes públicos para contrarrestar a los poderes subterráneos.

La racionalidad y la moral del derecho se encuentran en la racionalidad comunicacional de sus procedimientos de creación y de aplicación.

Sin tener que saciar la sed del dios de los sistemas;
y mucho menos, suscitar sospecha de abusar con ella.

 

Retomo y concluyo el PUNTO VI que dejé en la Pág 10

Detener las obras como finalidad esencial y tutelar del ambiente fue la finalidad central de nuestra acción, en tanto y en cuanto no se cumplieran las disposiciones obligatorias y de orden público, sobre el particular.

Por mis denuncias sobre las insuficiencias de los puentes ya cayeron dos veces en diez años las autorizaciones de sus obranzas.

Por mis reiteradas solicitudes para participar como testigo de las demarcaciones de línea de ribera fui esquivado de ellas. Que por ello y por la inutilidad de lo demarcado hube de impugnar la Res 354 de la AdA en esta causa.

En la ampliación de la demanda se incluyó como objeto de impugnación esta Resolución 354, que por ello sorprende nunca fuera apreciada.

Las violaciones a los art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912, nunca fueron consideradas a pesar de tantas veces reiteradas

 

VII . LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia recaída en primera instancia, emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Nª 2 de La Plata de fecha 5 de Mayo de 2010, resolvió:

FALLO:1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. "i", 36 inc. 2°, ap. "c" y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101). 2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. "a" y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).Regístrese y notifíquese. Fdo. Ana Cristina Logar. Jueza."

Haciendo incapié en que: tal como ha quedado delimitada la cuestión litigiosa, el thema decidendum se centra en decidir si el Acta de Preacuerdo Interministerial, impugnada en autos, cumplimenta con el requisito de admisibilidad contemplado en el artículo 14 inc. 1°, apartado a) del Código Contencioso Administrativo, la sentencia de Primera Instancia no hizo entonces lugar a ninguno de los agravios aquí planteados, que reiterados tantas veces, consideré provecho en el escrito de la apelación a la Excma Cámara para comenzar a verificarlos.


VIII . LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como se dijo, lleva fecha 31 de Agosto de 2010 y emana de la EXCMA CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA.

Por dicha resolución , se decidió: Rechazar el recurso de apelacion de la parte actora y confirmar el pronunciamiento atacado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (conf. arts. 14 inc. 1° ap. a), 31, 55 inc. 2° ap. a), 56, 58, 59 y cones., CCA).

Costas de la instancia en el orden causado (art. 51, CCA).
Por su actuacion profesional en segunda instancia, regulanse los honorarios de los letrados, Ores. Sancho Arabehety y Mario Augusto Caparelli, en las sumas de pesos doscientos ($ 200,00) y pesos ciento ochenta ($ 180,00), cantidades a las que se debera adicionar el 10% (arts. 12 inc. a y 16, ley 6716 y modif.; 10, 15, 31, 49, 54, 57 y cones., dec.-ley 8904/77).

Registrese, notifiquese y oficiese, devolviendo la causa al juzgado de origen, por Secretaria. Registrado bajo el Nº 930 (I)


¿Cual es la grave consecuencia de esta resolución?

Por lo pronto, vulnera sin alternativas, ni considerar la seriedad, coherencia y perseverancia de tantos desinteresados esfuerzos, los derechos y obligaciones ciudadanas de proteccion del medioambiente.

Al otorgar una relevancia desmesurada, arbitraria, antojadiza, única y excluyente a un simple preacuerdo, ignorando todo lo estudiado, fotografiado, editado, publicado y perseguido durante años en esta causa, instala un caprichoso, harto peligroso y antijurídico precedente, vulnerador de precisas cláusulas ambientales constitucionales .

Cláusulas precisas que sólo en algunos pocos casos y en muy estrecho grado se abren a la competencia ligada de personas de derecho público en administración; y es aquí y en ellas, en sus desbordes, veladuras, errores o incumplimientos en los aprecios a estos bienes difusos, donde cabe la aplicada y esforzada discrecionalidad de los jueces para juzgar esos abusos.

Calificar mis años de trabajo en estas precisas materias y en estas precisas demandas como abstracción, es agravio menor, que aún así no se merecen estas leyes que desde hidrología urbana rigen nuestros marcos de protección ambiental y piden nuestra mayor colaboración.

Si alguien imagina encontrar abstracción descalificadora en el trabajo reflejado en esta causa, tal vez esté descubriendo su enorme desinterés en estas materias. Por otra parte, toda mi energía de estos años se ha nutrido de estas negaciones y desde ellas seguiré luchando. Estas negaciones, tantas veces subrayadas con la palabra "abstracción" me han abierto a la novedad de un reconocimiento hermenéutico que enriquece sus atracciones mucho más allá de lo habitual.

La mutación de los alcances en todos los lenguajes, reconoce en sus orígenes las constituciones fundadoras del habla camino hacia el lenguaje. Eso registra la raíz como expresión de una necesidad, espontánea en su configuración y manifiesta en una simple pulsión interjeccional o en un simple onomatopeya. Sus devenires y hasta pasatiempos impensados, son mucho más fugaces que su originalidad.

Adjetivo y sustantivo, reconocen filiación al verbo abstraer; y ambos, a la raíz indoeuropea *tragh- tirar, arrastrar, mover. Irlandés antiguo, traig : pie; bretón troad: pie; galés traëd: pie; troi: girar, volver; servio traziti: buscar. Latín traho, tirar hacia sí, arrastrar. De esta misma raíz: traer, extraer, contraer, sustraer, atraer, distraer, retraer. En campos poéticos, lo "abstracto" en el arte permite expresar lo indecible sin abismar.

Lo abstracto entonces no sólo apunta a materia y energía sustantiva, sino que las presenta de una forma muy decidida: arrastrándolas si fuera necesario; haciendo pie y tirando con firmeza; para acercar ambas al campo más reflexivo. Lo abstracto no excluye ningún tipo de pruebas que logre ser expresada con dignidad y piedad.

 

IX . RESPONSABLES DE PROVEER LA PROTECCION DEL AMBIENTE

La particularidad que tiene la novedad de haber irrumpido en nuestra Constitución la cláusula ambiental, reside en establecer un campo de responsabilidad y atribución de culpas, con la consiguiente obligación de resarcir.

Así, la CN establece como obligación de todo habitante el de preservar el medio ambiente y en cabeza de TODA AUTORIDAD la de proveer a la protección de ese derecho. Adviértase que no se especifica quién es la AUTORIDAD.

Por lo tanto todo funcionario de cualquiera de los tres poderes reviste tal carecer. Y proveer no implica sólo vigilar, sino que significa actuar, tomar medidas no tratándose de una actitud pasiva sino activa.
Medidas que no se logran con acciones "ex post" sino "ex ante."

El Estado debe dar satisfacción a la comunidad. Si del derrotero procesal, hace que este expediente transite por diversos juzgados, cámaras y Cortes, mientras que la obra se continúa y marcha rauda hacia su polucionante conclusión, ¿que ocurrirá si al llegar el veredicto de culpabilidad y orden cesatoria de contaminación, la actividad de remediación resulte o bien costosísima o hasta imposible inclusive?

 

X . JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION:

Caso MENDOZA Fallos T 329 del 20/06/06

El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacional está tramitando, relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bastamente conocida por el apellido que encabeza los legitimados activos, marca un rumbo en materia de los numerosos caminos por los cuales han de transitar las acciones ambientales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptó la competencia originaria para la acción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación de contaminación y remediación y por la vía rápida del amparo "para la tutela del bien colectivo, que por su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento" ( ver considerando 6º voto de la mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y remitió a las instancias inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales solicitados por numerosos vecinos.

Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la naturaleza de las pretensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra reglamentado y las disposiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto no se opongan a las características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la razón de ser del remedio mas rápido y efectivo.

Fijó audiencias y estableció plazos, ordenó a diferentes autoridades de otros poderes la realización, y ejecución de actos tendientes a que el bien tutelado, de primacía constitucional, pueda verse garantizada.

En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la verdad objetiva) dice "Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos 326:1512 y sus citas)"

Síntesis

de temas básicos que cuentan con disposiciones administrativas tan finales como perfectamente erradas o inexistentes; y que nunca merecieron la atención de la Jueza Logar, ni de la Excama Cámara, a pesar de aparecer nuestros reclamos en expresiones multiplicadas y perfectamente enmarcadas en sus soportes legales y técnicos para asistir el fondo de la cuestión:

a) los agravios que pesan en la Resolución 354 de la AdA cuya solicitud de impugnación nunca fue atendida en ningún sentido, ni por la Jueza Logar, ni por la Excma Cámara.

b) Los agravios que pesan en la ausencia de las cesiones exigidas por el art 59 de la ley 8912 y recordadas a los emprendedores por los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y restricciones de la AdA

c) Los agravios que pesan en los indebidos aprecios a las restricciones mínimas impuestas por el art 5º del dec 11368, reglamentario de la ley 6253

d) Los agravios quen pesan en la falta de determinación de cota de arranque de obra permanente según lo exige el art 4º a los municipios

e) Los agravios que pesan en la ausencia de declaración de excepcionalidad con carácter de "necesidad imprescindible" inscriptas en los Planes Reguladores Municipales, para darse a procesos de "saneamiento", ver art 3º del mismo decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253 y art3º inc c de la ley 6254.

f) Que a su vez estos mismos anteriores considerandos fueron reafirmados por el art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.

g) Los agravios que pesan en las corridas de caudales planteadas para eventos muy por debajo de los criterios que fundan hidrología urbana.. Y que en este caso muy en particular en Suprema Corte sabrán apreciar pues a escasos metros de estas áreas está planteada la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias, con rigores hidrológicos ligeramente menores esta última, pues se encuentra aguas arriba.

h) Rigores que descalifican los puentes proyectados y que por segunda vez, por los tiempos transcurridos, han caído sus autorizaciones para obrar.

i) Los agravios que pesan en la ausencia de la audiencia pública.



PETITORIO

Por lo expuesto, a V.E. pido :

1°) Se conceda el recurso interpuesto de inaplicabilidad de ley.

2°) Se eleve este expediente a la Suprema Corte de la Pcia. de Bs.As.

3°) Oportunamente se haga lugar al recurso interpuesto, casando las sentencias que se recurren.

4°) Se tenga presente el planteo de caso federal.

Considerar esta solicitud será otro esfuerzo para honrar con sinceridad interior y originalidad la Vida que V.E. han dedicado a la Justicia.

Francisco Javier de Amorrortu

Mario Augusto Capparelli
T IV f 108 (C.A.S.I.)